El 37% de los propietarios no considera necesaria una regulación en el alquiler en viviendas turísticas porque entienden que "todo el mundo debería poder alquilar su vivienda como le parezca", frente a un 36% que sí apoya posibles medidas y que se controle más el mercado, según Uniplaces.

El portal web también recoge que el 27% de los encuestados afirman que no se debería multar a los propietarios turísticos porque "no hacen competencia a los establecimientos hoteleros". "Esta situación de controversia hace que muchos propietarios se decanten por alquilar sus viviendas a medio o largo plazo, en vez de por un alquiler vacacional", explica el consejero delegado de la compañía en España, Joaquín Mencía.

Por otro lado, el 24% de los propietarios encuestados piensa que este tipo de alquiler es más legal que el vacacional, mientras que un 14% prefiere alquileres más largos porque evitan multas.

En este sentido, un 68% asegura que el alquiler por periodos más largos es más cómo porque no tienen que cambiar de inquilinos cada poco tiempo; un 38% que este tipo de arrendamiento evita molestias y conflictos con el resto de vecinos y un 35% considera que los pagos son más seguros.

Además, la encuesta muestra que son minoría los que alquilan entre uno y tres meses (22%) y quienes alquilan más de un año el (12%). "Muchos propietarios prefieren alquilar a medio plazo para disponer más libremente de su vivienda y adaptar los precios a cada momento del mercado", señala Mencía.

UN 36% DE LOS PROPIETARIOS VE NECESARIO TOMAR MEDIDAS

Frente a los contrarios a regular el alquiler de viviendas vacacionales, hay un 36% que ve necesaria una regulación debido a la incertidumbre que se les plantea a la hora de alquilar su casa. "Muchos de ellos, prefieren alquilar sus propiedades y habitaciones dentro de un ámbito más regulado, para evitar cualquier tipo de problema", añade el consejero delegado de Uniplaces.

Finalmente, de los que están a favor de una legislación que regule este tipo de arrendamiento, un 29% considera que es necesaria para que todos los actores inmersos en el proceso paguen los impuestos que les correspondan, mientras que el 7% restante está a favor de que se controle más el mercado.