Los gobiernos se recuerdan en especial por las leyes que envían al parlamento, logrando que sean aprobadas. Ese principio es válido para el gobierno de Madrid y también para el propio de todas las comunidades autónomas del reino, incluida ésta en la que vivimos. De la capacidad legislativa depende en una parte inmensa que las directrices expuestas en los programas electorales, esa propuesta de contrato social que intenta establecer todo partido con sus eventuales votantes, tomen cuerpo.
Pero tras las promesas de los mítines y las campañas y la euforia de haber ganado las elecciones viene la realidad, con su vara firme, a poner las cosas en su sitio. Llegar al Gobierno con mayoría absoluta viene a ser una especie de varita mágica que entrega el poder de legislar aunque, a la vez, sirve de baremo para la capacidad que se tiene de redactar las leyes. Gobernar en coalición es asunto muy distinto y, por lo que hace al Govern de les Illes Balears de ahora mismo, las limitaciones para poder sacar adelante cualquier proyecto de ley son obvias. Aun así, el Ejecutivo anuncia que de aquí al verano, en un suspiro habida cuenta de lo lentos que son los tiempos políticos, serán llevadas al Parlament algunas leyes que suponen algo así como los emblemas ideológico-administrativos de quienes gobiernan hoy en el archipiélago.
La ley de alquileres vacacionales y la de es Trenc convertido en parque natural son aspiraciones bien antiguas, y no solo de la izquierda. Resultan muchos los ciudadanos que no se consideran pertenecientes al rojerío pero quieren que el desmadre de los pisos turísticos termine y el tantas veces amenazado espacio de es Trenc se proteja. Bien es verdad que, en el primer caso, la multiplicación absurda de poderes administrativos dejará en el limbo la ley hasta que los Consells y los ayuntamientos hagan sus deberes. Cierto es, por añadidura, que la protección de es Trenc no será total. Pero con un canto en los dientes podemos darnos si, al menos, se termina el imperio de las inseguridades y las picarescas en ambos casos.
La ley más avanzada, la primera que regulará las actividades industriales del archipiélago, ha esperado tantas legislaturas a que llegue al Parlament que cabría recurrir al sarcasmo preguntándose si hace falta, habida cuenta de que llevamos décadas de industria sin ley. No es raro que con tanto tiempo de tiras y aflojas el consenso sea amplio. Pero en otras que están aún en barbecho, como la de Vivienda, ese consenso es aún utópico. Legislar acerca de la cesión de pisos vacíos es apostar por la derogación de la ley en cuanto sea un Govern de otro color el que ocupe el Consolat de la Mar. Algo parecido sucede con la de Bienestar Animal: convendría antes de llevar nada a la cámara legislativa que una parte considerable de la ciudadanía dijese lo que piensa. De lo contrario, los recursos a tribunales superiores, incluyendo el Constitucional, queda garantizado.
Hay más leyes, algunas muy necesarias, como la de Urbanismo (una puesta al día que se antoja urgente), y otras tan inútiles, por lo polémicas y complejas, como la de Memoria Democrática (¡vaya nombre absurdo!). Siempre con la reflexión de Tuñón de Lara al fondo. Decía el profesor insigne que nuestra UIB rechazó que en España la mejor forma que hay de que se olvide una ley consiste en aprobarla.
