La Universitat acordó ayer apartar cautelarmente de las clases a los catedráticos Xavier Busquets y Pablo Escribá a los que se les imputa un delito de estafa agravada por comercializar un falso medicamento contra el cáncer, según las investigaciones de la Policía Nacional. Esta suspensión cautelar de la docencia solo implica que los profesores no podrán dar clases ni seminarios hasta que se tome otra determinación por parte la institución.
No han sido suspendidos de empleo y sueldo: seguirán cobrando la nómina íntegra a pesar de no impartir docencia y pueden continuar ejerciendo su labor investigadora y acudiendo al laboratorio de Biología Molecular y Celular donde, según la Policía, preparaban el compuesto que luego vendían como cura contra el cáncer a varios enfermos.
Suspensión cautelar
Los servicios jurídicos de la institución académica analizaron ayer la situación y las posibles opciones que según las distintas normativas se pueden adoptar ante un funcionario imputado pero aún no condenado y finalmente la Universitat acordó esta suspensión cautelar de la docencia. Según fuentes universitarias, el rectorado aún no ha conseguido localizar ni hablar con los profesores imputados.
La UIB remitió ayer a todos sus alumnos, a través de un correo electrónico, el comunicado que elaboró el Consell de Direcció el martes con su explicación de lo sucedido y su intención de personarse en la causa como perjudicada.
Los profesores fueron detenidos el jueves de la semana pasada, pero se acogieron a su derecho a no declarar en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional y dijeron que ya darían las explicaciones pertinentes ante el juez, según señalaron ayer fuentes próximas al caso. Aún no hay fecha fijada para comparecencia.
Ahora, la Policía ha citado a declarar ante el juzgado de instrucción 9 de Palma a los denunciantes y perjudicados por la supuesta estafa del Minerval: de momento, se tiene constancia de más de una decena de afectados, que compraron a los investigados un fármaco contra el cáncer no acreditado ni reconocido como medicamento y por el que los afectados pagaron elevadas sumas (hasta 25.000 euros, según un testigo).
La Policía hace un llamamiento a todas las víctimas a que se sumen a la denuncia. El juez Enrique Morell ya ha recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía sobre el caso, que se inició a raíz de la denuncia a la fiscalía que realizó Francesca Mas, presidenta del Consell Social de la UIB.
Josefa Terrasa, jefa de Oncología del hospital de Son Espases, ha sido citada a declarar como testigo el 4 de mayo. Esta doctora y su colega Josep Fuster fueron de los primeros en alertar sobre esta posible comercialización fraudulenta.
No se descarta que de las pesquisas que se vayan practicando aumente el número de imputados. El grupo de Delincuencia Económica estima que la presunta estafa (con agravantes en este caso) supera los 611.000 euros. El delito que se les imputa conlleva penas de hasta 6 u 8 años de cárcel.Ciudadanos pide comparecencias
Según los investigadores, Escribá y Balaguer se sirvieron de las instalaciones de la UIB para elaborar, promocionar y comercializar el producto. Esta circunstancia podría ocasionarles la imputación de otros delitos como el de malversación de caudales públicos, por desviar fondos públicos a fines distintos a los que fueron presupuestados.
Ciudadanos solicitó ayer la comparecencia en comisión del rector de la UIB, Llorenç Huguet; la decana de la Facultad de Medicina, Margalida Gili; y la consellera de Sanidad, Patricia Gómez para que den explicaciones "acerca de la inexplicable 'no actuación' de la UIB y de la dirección general de Salud Pública ante un hecho tan grave como ha sido la estafa de Minerval".
