Cinco pasajeros que se vieron perjudicados por la huelga ilegal que se vieron perjudicados por la huelga ilegal que protagonizaron los controladores aéreos de Balears durante el puente de la Constitución del año 2010 pretenden que estos trabajadores públicos asuman con su propio patrimonio los perjuicios económicos y morales que ocasionaron con su movilización, que provocó que miles de personas no pudieran salir de viaje.
El abogado Julián Timoner, que ejerce la acusación particular, se suma al escrito que han realizado otras partes personadas, que han solicitado que se juzgue a los 84 controladores de los tres aeropuertos de las islas que alegaron una repentina enfermedad para ir abandonando paulatinamente sus respectivos puestos de trabajos. Esta situación, que se fue repitiendo en todos los aeropuertos del país, fue la causante de que el Gobierno se viera obligado a cerrar el espacio aéreo, por falta de controladores, y a militarizar el servicio de control. Estos 84 controladores de las islas se enfrentan a graves delitos y a duras penas de prisión, sin olvidar las indemnizaciones económicas que les reclaman, no solo la fiscalía, sino sobre todo los pasajeros que se vieron perjudicados por su actuación. Los delitos por los que serán juzgados son sedición, es decir, enfrentarse al Estado, abandono de servicio y coacciones.
El abogado Timoner, además de las elevadas penas de prisión, reclama que cada uno de sus representados sea indemnizado con 10.000 euros. Pero, al mismo tiempo, también pide al juzgado que ordene a cada uno de estos 84 trabajadores de las torres de control que paguen una fianza de responsabilidad civil de 50.000 euros. En el caso de que no la paguen, se reclama que se decrete el embargo de los bienes que puedan tener.
Uno de los temas sobre los que pivota este caso es, precisamente, el aspecto económico. Todos los empleados de Aena que serán juzgados cobran sueldos elevados, suficientes para hacer frente a las indemnizaciones que les van a solicitar. De hecho, según fuentes del sector, un controlador aéreo puede llegar a cobrar una media anual de 180.000 euros. Y algunos, incluso, más.
Posible embargo
El juzgado de instrucción, en estos momentos, no descarta la posibilidad de embargar las nóminas, o incluso los bienes, de estos 84 trabajadores de las torres de control, dado que de esta forma se aseguraría, en el caso que se dicte una sentencia condenatoria, que los perjudicados puedan recibir una indemnización económica.
Cabe recordar, tal como adelantó este periódico, que las acusaciones particulares están reclamando contra estos 84 controladores penas de prisión que van de los ocho a los diez años. La fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación, aunque se da por seguro que también pedirá elevadas penas de cárcel.
Las acusaciones no se limitan a exigir únicamente estas futuras indemnizaciones, cifradas en casi tres millones de euros, a los controladores. Extienden la responsabilidad a la empresa Aena y al Ministerio de Fomento, dada la condición de trabajadores públicos de los controladores del espacio aéreo.
Incredulidad
Las acusaciones tienen muy claro que los controladores no sufrieron ningún tipo de repentina epidemia, que no les permitía continuar sentados en sus respectivos puestos de trabajo. Se trató más bien, según sostienen los perjudicados, de una acción premedita, sugerida por el sindicato que representa a este colectivo de trabajadores, para obligar al Gobierno a anular la norma que establecía un nuevo recuento de horas de trabajo.
En los escritos de acusación se destaca las asambleas que celebraron los trabajadores en un hotel de Palma, en las que se analizó las consecuencias que supondría este recuento de horas que imponía el Ministerio de Fomento. Los trabajadores de Aena se sintieron especialmente perjudicados por este nuevo reglamento y decidieron, según afirman las acusaciones, iniciar una movilización conjunta para enfrentarse al Gobierno. Una movilización que consistió en ir levantándose cada trabajador de su puesto de trabajo, alegando una repentina enfermedad. Los trabajadores que estaban de retén tampoco respondieron a las llamadas para que acudieran a sustituir a sus compañeros, alegando que también se encontraban enfermos.
Debido a las elevadas penas que se están reclamando, el juicio se celebrará en la Audiencia de Palma. Todavía falta por determinar la fecha, pero sobre todo el escenario dónde se celebrará por la dificultad que representa juzgar al mismo tiempo a 84 personas. Tampoco se ha calculado la duración de este juicio.
