El juez ha ratificado el acuerdo que habían alcanzado los administradores concursales de las empresas que formaban el grupo Orizonia y los antiguos gestores, que llevaron a la sociedad a la ruina, dejando unas deudas de más de dos mil millones de euros, además de la pérdida de unos 5.000 empleos. Un acuerdo, ahora ratificado por el magistrado, que supone prácticamente poner fin a los pleitos judiciales que se han planteado entre los administradores concursales y los empresarios que gestionaron el gigante turístico. Los empresarios tendrán que afrontar una indemnización de diez millones de euros, una cifra muy lejana al dinero que inicialmente se les reclamaba. A cambio del pago de este dinero se consigue que el concurso de Orizonia sea declarado fortuito y no culpable. Con esta calificación no se podrá reclamar ninguna responsabilidad a los ejecutivos de Orizonia por las decisiones que llevaron a la desaparición de las empresas del grupo.
Este acuerdo se refiere a la demanda más importante que los administradores judiciales habían planteado contra los ejecutivos para la calificación definitiva del concurso. De hecho, estaba previsto que en breve se fijara la fecha del juicio, que tuvo que suspenderse por la ausencia de un perito. La negociación entre los administradores y los ejecutivos del fondo de inversión estadounidense Carlyle, antiguo dueño de Orizonia, se ha mantenido paralelamente al proceso judicial.
Peticiones iniciales
Este acuerdo, no solo económico, suponía que ambas partes debían renunciar a las peticiones iniciales que iban a defender en el juzgado. Y, además, también evitaba un largo proceso. El acuerdo, en cualquier caso, quedaba pendiente de que lo ratificara el juez, como así ha sido.
Hasta este momento, la administración concursal, apoyada por la fiscalía, siempre había mantenido que la quiebra de Orizonia había sido provocada por la mala administración de los responsables del grupo Carlyle. Sin embargo, estos ejecutivos mantenían todo lo contrario, es decir, que si la empresa entró en fase de concurso fue como consecuencia de factores externos, que no permitieron la viabilidad económica del grupo turístico.
Concurso fortuito
Al final, debido al acuerdo, el magistrado Víctor Fernández, del juzgado de lo mercantil número 1 de Palma, ha decidido que el concurso sea declarado fortuito. A cambio, el grupo Carlyle tendrá que afrontar un pago de diez millones de euros. Esta cantidad está muy lejos del dinero que inicialmente se les reclamaba. De hecho, ni siquiera cubre la mitad del dinero que están pidiendo los trabajadores, que no todos aceptaban los términos alcanzados.
El juez detalla en su escrito que ambas partes reconocen y aceptan que el pago de estos diez millones de euros contribuirá a facilitar la liquidación de las sociedades concursadas en liquidación. Y la contribución económica también ayudará a paliar los efectos negativos que representó la insolvencia de las sociedades quebradas. Sin embargo, el juez destaca que este acuerdo no impide promover acciones de reintegración, es decir, demandar a otras empresas que pudieron beneficiarse de la quiebra de Orizonia. De hecho, ya han sido varias las demandas de reintegración que se han presentado contra los grupos turísticos que se adjudicaron empresas del grupo, al entender que se beneficiaron de esta quiebra económica. No todas estas demandas de reintegración han sido finalmente aceptadas por el juez.
Para cumplir el acuerdo se ha acordado que los términos deben ser aprobados por las juntas generales de socios o accionistas de las empresas que están en fase de liquidación. En el supuesto de que las condiciones acordadas no se cumplan, el pacto no tendrá ningún efecto.
