La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada (Aptur) manifestó ayer a la presidenta de Balears, Francina Armengol, y al conseller de Turismo, Biel Barceló, su "disconformidad" con el proyecto de regulación del alquiler vacacional aprobado el pasado viernes en el Consell de Govern.
Con ocasión de una reunión con Armengol en el Consolat de Mar, Aptur afirmó que se siente "engañada" ya que, a pesar de compartir muchos de los objetivos del Govern como la desestacionalización o la diversificación del modelo turístico, "se ha hecho una regulación que le perjudica abiertamente y que deja fuera al 80 % de la oferta actual".
"Moratoria de facto"
Por un lado, sostiene esa asociación, se traslada a los ayuntamientos la capacidad de imponer una zonificación que creará una moratoria de "facto" y que "deja en una difícil situación, especialmente, a los propietarios de alquiler vacacional de Palma".
Además, se imponen unos requisitos técnicos y de accesibilidad de difícil cumplimiento y se establece una bolsa única de plazas, sin especificar cuáles se destinarán al alquiler vacacional y cuáles al sector hotelero. Aptur se manifiesta en contra de la decisión de que todo contrato menor a 30 días sea considerado como turístico, así como que se considere canal de comercializacion "todo", desde una web, a un anuncio en un diario impreso o el escaparate de una agencia imobiliaria.
La situación de Balears, añade esta asociación, contrasta con los últimos acontecimientos en Berlín, donde ha sido aceptado el recurso de apelación presentado por WIMDU, la plataforma online de apartamentos, contra la prohibición del alquiler vacacional. Este caso genera jurisprudencia europea, que puede tener repercusión en las regulaciones del alquiler vacacional en España, recuerda.
