La cúpula de Més en la conselleria de Cultura y Transparencia -destituida el viernes pasado- fue advertida por funcionarios de que no podía fraccionar un contrato de 43.000 euros. La fragmentación se repartió entre el director de campaña del partido, Jaume Garau, y otra empresa que ha compartido trabajos con éste para el Govern. Los altos cargos de Més desoyeron el aviso y adjudicaron a dedo a Garau un estudio sobre "Hábitos de Consumo Cultural en Balears". Por las mismas fechas, contrataron también direcamente a la empresa Psyma Iberica Marketing Research SL para realizar el trabajo de campo de dicho informe.
La Fiscalía de Balears ha decidido actuar de oficio e investigar éste y media docena más de contratos sin concurso público que Més ha otorgado a su estratega electoral desde las instituciones, para determinar si se ha cometido algún delito. El anuncio de la intervención del Ministerio Público copó ayer el pleno del Parlament y causó honda preocupación en el seno del Pacto.
Informe sobre hábitos culturales
El pasado viernes fue destituida la consellera de Cultura y Transparencia, Ruth Mateu, después de que Diario de Mallorca destapara el fraccionamiento de un encargo de su departamento. Cultura contrató paralelamente un análisis a Garau titulado "Impacto Económico de las Actividades Culturales y Hábitos de Consumo Cultural en Balears", por 21.538 euros, y a la empresa Psyma los "trabajos técnicos para la realización de 1.600 encuestas sobre hábitos de consumo de la cultura en Balears", por 21.417 euros.
Antes de la contratación, una funcionaria de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la Conselleria puso objeciones a los responsables políticos para fraccionar el trabajo y esquivar los controles más restrictivos de adjudicación. Fuentes del Govern confirman esta advertencia previa y aseguran que la funcionaria la trasladó personalmente a Jaume Gomila, entonces director general de Cultura. Según este relato, también habría sido avisado el secretario general técnico de la Conselleria, Xavier Bacigalupe. Ello no obstante, Cultura siguió adelante con la contratación del estudio a Garau y la empresa encuestadora que ya ejecutaron otro trabajo conjunto a dedo del Govern por valor de 56.600 euros.
Fiscal Barceló
A pesar de las insistentes manifestaciones de los políticos implicados en este escándalo en proclamar que, con independencia de la valoración ética, la tramitación y aprobación de estos contratos fue legal, esta afirmación no es la misma que contempla en estos momentos la fiscalía. De hecho, ha sido el propio fiscal superior, Bartomeu Barceló, ante las sospechas de delito que sugieren estos contratos otorgados a dedo al cerebro electoral de Més, ha decidido actuar de oficio.
Barceló ha trasladado el caso directamente a la fiscalía Anticorrupción y ha asignado a los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas que se encarguen de incoar estas diligencias, de momento provisionales, pero que en un futuro podrían convertirse en una denuncia penal ante un juzgado. Los fiscales disponen de un plazo de seis meses para decidir si archivan las diligencias, si consideran que todos los contratos fueron legales o, en cambio, judicializar el caso al entender que sí hubo delito detrás de estos contratos a dedo.
Anticorrupción tiene previsto, en primer lugar solicitar toda la documentación al Govern, tanto los expedientes administrativos que se tramitaron como los estudios que elaboró la empresa de Garau. Al mismo tiempo, también está previsto que se cite a declarar a todas las personas implicadas en estas contrataciones, es decir, a los políticos nacionalistas que decidieron que Garau era la persona idónea para que realizara estos informes, contratos que se fraccionaron para evitar la convocatoria de un concurso público.
