La UTE que explota el hospital público de Son Espases pidió ayer a la jueza de primera instancia 13 de Palma que condene a la trabajadora de ese complejo Mónica Jaume Mónica Jaume a abonar 65,5 euros, por incumplir el reglamento interno de funcionamiento del aparcamiento para personal. Según la UTE, Jaume aparcó en julio del año pasado en una zona peatonal situada entre dos plazas para minusválidos, con lo que su coche fue retirado por una grúa por obstaculizar los movimientos de los usuarios de esos sitios reservados.
El primer juicio por el conflicto entre algunos trabajadores de Son Espases y la UTE a costa del pago de los costes de la retirada forzosa de coches mal estacionados en el parking de personal duró apenas unos minutos. Jaume acudió a la vista sin abogado y procurador y se defendió a sí misma.
La demandada trabaja como auxiliar administrativa en cirugía y llevaba seis años estacionando su vehículo en ese parking. Jaume alegó en su descargo que los responsables del aparcamiento tenían acceso a su ficha donde consta la matrícula, destino y teléfonos de contacto.
"Podían haberme avisado por teléfono de que el coche molestaba a alguien y lo hubiese retirado", se quejó la trabajadora. La demandada resaltó su gran sorpresa cuando fue a recoger el vehículo y se encontró con que no estaba e en el lugar donde lo había estacionado.
Marta Busquets, la abogada de la UTE, argumentó que el coche de Jaume obstaculizaba la circulación y entorpecía los movimientos para bajar silletas o carritos de los usuarios de las plazas de minusválidos. La joven letrada también alegó que la trabajadora había aparcado con su autorización caducada, un permiso que renovó días después de la retirada de su automóvil.
Mónica Jaume aseguró que ella accedía al parking con su tarjeta y si las barreras estaban levantadas poniendo su código de trabajador. Con cualquiera de las dos formas, la UTE podía haberla localizado en su puesto de trabajo y avisado para que retirara el coche.
La parte demandante calificó los hechos de "clara infracción del reglamento de uso del aparcamiento", como lo demostrarían las fotografías aportadas junto a la reclamación.
La UTE justificó su demanda en su obligación de velar por la seguridad en el aparcamiento del hospital público de referencia de las islas.
