Gabinete de crisis en el Govern. La adjudicación por parte de instituciones gobernadas por Més de seis contratos al jefe de campaña del partido llevó ayer al Ejecutivo autonómico a activar una batería de medidas para paliar el golpe que estas polémicas adjudicaciones han asestado a su imagen.
Para ello el Govern ha ordenado una auditoría interna de los contratos y forzará la comparecencia de la consellera de Transparencia y Cultura, Ruth Mateu, cuya cartera otorgó 42.700 euros sin concurso público al estratega electoral del partido, Jaume Garau. La presión interna es tal que no se descarta que se produzcan dimisiones. El malestar sacudió ayer también a Més, donde aumentaron las voces que claman por atajar con dimisiones la grave factura que les está pasando este escándalo.
Tres líneas de actuación
Desde el Govern ya trabajan en tres líneas de actuación para tratar de zanjar cuanto antes esta nueva crisis del Pacto: primero, indagar la posible ilegalidad de las actuaciones; segundo, dar muestras de ejemplaridad aplicando el Código Ético; y tercero, abordar el caso con la máxima transparencia, forzando las explicaciones de la consellera, la cual afronta un momento político sumamente complicado. Con esta iniciativa se dilucidará si ha habido irregularidades o ilegalidades con los contratos, si bien desde el Ejecutivo autonómico se apresuraron ayer a rechazar que se esté ante "una trama para defraudar a la administración".
En cuanto al primer punto, se ordenará a Intervención una auditoría interna de las adjudicaciones en tela de juicio, y en caso de que se derive alguna irregularidad habrá una respuesta automática en forma de "decisiones políticas", esto es, no se descarta que rueden cabezas.
Respecto a la ejemplaridad, el Consolat activará por primera vez desde su creación la Comisión de Ética Pública, un organismo que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las normas del código ético del Govern, y que se estrenará poniendo la lupa en los cargos que han firmado los contratos y determinando si con estas actuaciones se ha incumplido este código.
En lo que afecta a la transparencia, la presidenta Francina Armengol, y el vicepresidente, Biel Barceló, consensuaron ayer que Ruth Mateu comparezca en el Parlament para que explique estas adjudicaciones y por qué no se hicieron públicas en el Portal de Transparencia que depende de ella.
Asimismo, se analizarán si los contratos han cumplido con todos los cauces administrativos pertinentes. La sospecha se cierne especialmente sobre el estudio de la Simfònica, del que apuntan que su precio podría estar por encima del valor del mercado.
Ruth Mateu, tocada
También está en el ojo del huracán la consellera Ruth Mateu, quien ayer se encontraba "muy tocada", según fuentes de su entorno, hasta el punto de que no acudió al pleno del Ayuntamiento de Andratx, donde es concejala, lo que provocó la sorpresa entre el resto de ediles, ya que "no suele fallar". La responsable de Transparencia encara la que probablemente sea la tesitura más difícil de su carrera política.
Entretanto, el PP aprovechó ayer para cargar las tintas contra los ecosoberanistas. El portavoz popular, Llorenç Galmés, anunció que su partido solicitará de inmediato en todas las instituciones de Balears los contratos formalizados a través de la "trama de Més" con las empresas de Garau. El portavoz del PP exigió que "aclaren de manera rápida todos los contratos" de lo que calificó como una "trama de facturación" de las consellerias del partido nacionalista y denunció la existencia de "un Govern opaco que ha creado una conselleria de Transparencia que no controla realmente la acción del Ejecutivo".
