Ramón Ruiz Gutiérrez, un jubilado enfermo y residente en Lleida, está desesperado y amenaza con quitarse la vida porque un juzgado de familia de Palma le ha embargado, desde hace diez meses, su pensión de 633 euros mensuales, la única fuente de vida que tiene. Ramón Ruiz ya no sabe a qué puerta tocar para paliar su delicada situación económica y no entiende que la solución que le propuso su abogada de oficio en Palma, la de descontarle únicamente 200 euros al mes de su pensión, no se ha materializado todavía.
Ruiz, como ya informó este diario el pasado 27 de enero, trabajó durante décadas en Mallorca conduciendo autobuses y en la isla fundó una familia con su esposa, de la que se divorció de mutuo acuerdo en 2002. Del matrimonio nacieron dos hijos, hoy ya mayores de edad.
El jubilado explica que durante años le pasó a su exmujer una pensión mensual de 600 euros (300 por cada hijo). Pero con la crisis disminuyó el trabajo y acordó con su exesposa rebajar esa pensión a 420 euros al mes, una modificación que pactaron verbalmente, pero que no oficializaron en el juzgado.
Ruiz, tras la ruptura, decidió buscar trabajo en Lleida, donde su madre (ya fallecida) poseía un piso. Unas dolencias de espalda adelantaron el retiro del chófer, que pasó a percibir una pensión de 633 euros al mes, la paga que el juzgado de primera instancia 20 embargó para cubrir una deuda de diez mil euros con su exmujer.
Según la abogada de oficio del pensionista, éste está obligado a abonar una pensión de 600 euros al mes por uno de sus hijos, que ya es mayor de edad pero padece una discapacidad.
Ruiz no pagó esa mensualidad y la deuda se acumuló hasta rondar los 10.000 euros. El anterior juez de familia número 20 decidió embargar al moroso, pero en vez de mantenerle parte de la pensión para que pudiera subsistir dispuso que toda la paga se destinara a cubrir la deuda. La letrado de oficio añade que el jubilado, de por vida, tendrá que pasarle esa suma a su hijo.
"No sé que voy a hacer"
Ramón Ruiz casi se vuelve loco cuando en julio del año pasado descubrió que no cobraba su paga. Desde la Seguridad Social de Lleida le informaron del embargo judicial. El pensionista ha acudido a múltiples instancias para buscar una solución a su forzada indigencia, pero no ha hallado el remedio. "Ya no sé qué hacer; en enero me dijeron que para febrero ya podría cobrar 433 euros, pero ha pasado febrero y marzo y no he cobrado. A veces me entran ganas de hacer una barbaridad y acabar con todo" , exclama Ruiz.
El exchófer ha intentado arreglar por teléfono su situación y se ha puesto en contacto con el juzgado de primera instancia 20 de Palma. "Llamé por teléfono al juzgado y pedí que me pusieran con el juez para que me explicara qué estaba pasando, pero me dijeron que el juez no se podía poner al teléfono y que me personara con un abogado y un procurador".
El jubilado tampoco tiene fondos para desplazarse desde Lleida a Mallorca y, por otro lado, tampoco confía en que una visita a los juzgados de sa Gerreria sirva para poner fin a su pesadilla.
"Mi abogada me ha dicho que el mes próximo ya solo me quitarán los 200 euros de la paga", afirma para darse a sí mismo ánimos.
Estos meses el pensionista ha vivido de la caridad, de 600 euros que le mandó su hijo que está trabajando en República Dominicana y de un pequeño fondo de pensiones, que ya se ha agotado.
La compañía de electricidad, a la que adeuda varios recibos, le mandó una carta amenazándole con cortes del servicio y embargos. "No he podido pagar, pero todavía no me han cortado la luz ni el agua. La asistente social me dijo que ella se encargaría de esto".
La comida la consigue en un centro social y la casa donde vive era propiedad de su difunta madre, que falleció el pasado octubre y a la que no pudo pagar el entierro ni una misa.
