La futura Ley de Memoria Democrática balear contempla la reclamación por parte del Govern al Estado de la nulidad de todos los juicios de ciudadanos de las islas "realizados por tribunales militares y/o civiles" por motivos políticos vinculados a la República, la Guerra Civil o la lucha en defensa de la democracia "durante la dictadura o la Transición", según consta enla proposición de Ley registrada ayer el Parlament por los partidos del Pacto. Además, el Govern se personará ante los tribunales en los casos de desapariciones forzadas, consejos de guerra y otras vulneraciones de derechos humanos durante la represión y dictadura franquista.
"No es una Ley que pretenda abrir heridas, sino cerrarlas definitivamente para las víctimas y sus familiares", destacó la diputada socialista Silvia Cano. La petición de nulidad de los juicios incluye desde los Consejos de Guerra a los Tribunales de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Orden Público, así como expedientes de depuración del magisterio.
La presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, que acompañó al Pacto en la presentación de la propuesta, resaltó que entre 1936 y 1939 fueron encausadas en la isla unas 5.000 personas, muchas de los cuales "siguen constando como traidores" en los archivos judiciales, lo que consideró una "vergüenza". Sobre esta cuestión, Margalida Capellà, de Més, defendió la conveniencia de aprobar una reforma legal estatal que facilitara esta anulación de los juicios franquistas y consejos de guerra, ya que hasta ahora los procesos abiertos han acabado en la sala militar del Tribunal Supremo, que ha rechazado la nulidad.
Amplio consenso
Los partidos del Pacto confían en que la tramitación de la Ley para su aprobación definitiva en el Parlament sea rápida y concite un amplio consenso. El objetivo es la reparación de la memoria de los represaliados en el golpe de Estado, Guerra Civil, dictadura y la Transición y abarca desde la II República (1931) hasta la aprobación del Estatut d'Autonomia balear en 1983. La iniciativa incluye la elaboración de un catálogo de monumentos y espacios enaltecedores del fascismo para que sean retirados y en aquellos casos que tengan valor histórico, se conserven en museos o archivos.
Monolito de Sa Faixina
PSIB, Podemos y Més confían en que esta Ley ayude al Ayuntamiento de Palma a cumplir el compromiso de derribar el obelisco de Sa Faixina ya que "hasta ahora el Ayuntamiento no estaba obligado a retirar el monolito en sí", sino sólo la simbología más fascista, según Capellà. El obelisco rinde homenaje a los tripulantes del crucero 'Baleares', que participó en ataques a civiles antes de ser hundido durante la Guerra Civil. En la actualidad, este asunto está pendiente del informe de la comisión de patrimonio del Consell de Mallorca.
La futura Ley se articula en cuatro ejes: el derecho a la verdad, a la memoria democrática, a la reparación y reconocimiento de las víctimas y a las garantías de no repetición. El texto contempla sanciones para las infracciones de entre 200 euros para las leves y 150.000 euros para las muy graves, entre las que estan el incumplir la orden de retirada de motivos franquistas. Las manifestaciones de representantes públicos y funcionarios que enaltezcan el golpe militar de1936 y la dictadura se considerarán infracciones graves, con multas de entre 2.000 y 10.000 euros.
El proyecto de Ley prevé la elaboración de un censo de símbolos y menciones franquistas y la retirada de aquellos contrarios a esta Ley, la anulación de distinciones y la creación de un archivo que unifique toda la documentación, así como emprender acciones para reclamar el patrimonio documental en manos del Estado en relación a la memoria democrática de Balears. Además, se declarará el 11 de noviembre como día de recuerdo a las víctimas de la dictadura y represión franquista.
