La presidenta del Govern, Francina Armengol, hizo ayer una llamada a la "responsabilidad" a Més per Menorca con el fin de que no ponga en riesgo al Pacto, cuyas políticas son "más importantes" que los "problemas de los partidos". En este sentido, criticó en referencia a Més que "se trasladan demasiadas veces los temas y problemas de los partidos a las instituciones y eso no puede seguir ocurriendo".

Armengol efectuó estas declaraciones después del portazo al Govern de la marca menorquina de Més como respuesta a la dimisión forzada por Armengol y Més per Mallorca de la hasta el viernes consellera de Transparencia, Ruth Mateu, por los contratos a dedo al jefe de campaña del partido, Jaume Garau. La decisión de los econacionalistas de Menorca de dejar el Govern ha colocado en una delicada situación al Ejecutivo, que ve con preocupación las amenazas de inestabilidad lanzadas por la formación menorquina.

La cómoda mayoría de 34 diputados de la que disfrutaba Armengol para garantizarse su investidura en 2015, ha quedado reducida a 29, sobre un total de 59 diputados que forman el hemiciclo, tras el pase primero al grupo mixto de Xelo Huertas y Montserrat Seijas, expulsadas de Podemos, y ahora con los tres diputados de Més per Menorca libres de las ataduras del Pacto. "No es lo mismo tener una mayoría amplia que una mayoría ajustada", admitió ayer el portavoz de Més per Mallorca, David Abril, para quien es "evidente" que la salida del Govern de Més per Menorca debilita al Ejecutivo y al Pacto y que es preciso "reconducir la situación".

En el caso del Parlament, el coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, dejó en el aire el viernes el grado de implicación del partido con el Pacto. "Nos daremos un tiempo para ver cual será nuestra relación a partir de ahora con el Govern, puede que continuemos formando parte del acuerdo de gobernabilidad como Podemos pero también podemos pasar a la oposición o jugar un rol intermedio", afirmó Maria.

Si hasta ahora el Govern de Armengol había tenido que esforzarse por garantizar el respaldo de Podemos en todo lo que no se ajustara al milímetro a los Acuerdos por el Cambio, con Més per Menorca todavía puede resultar más complicado. A pesar de ello, Armengol prefirió considerar que las declaraciones de sus exsocios menorquines se efectuaron "en caliente" y que en la práctica "mantendrán su apoyo a los Acuerdos por el Cambio que son la hoja de ruta del Govern, ya que lo contrario sería altamente sorprendente", por lo que "el Govern tiene garantizada la estabilidad".

Remodelación del Govern

La presidenta centró ayer sus esfuerzos en cerrar lo antes posible la remodelación de su Gabinete con Més per Mallorca y todo apunta a que la opción será suprimir la conselleria de Transparencia y pasar sus competencias a Presidencia, a cuyo frente se encuentra la socialista Pilar Costa. Eso permitiría que, al tratarse de una Conselleria transversal a todo el Govern, el director general que se elija pueda participar en las reuniones que considere relevantes del resto de los departamentos del Govern. Es decir, podría ejercer un control más directo sobre las contrataciones que se efectúen. La otra opción sería elegir un perfil independiente consensuado con Més per Mallorca como nuevo conseller de Transparencia.

Mientras, el Govern confía en que el informe de Intervención del sobre los contratos a dedo al exjefe de campaña de Més por parte de conselleries en manos de este partido concluyan que todos ellos fueron legales. La mayor duda está en el que fraccionó la conselleria de Transparencia y Cultura, cuya publicación el viernes por DIARIO de MALLORCA precipitó la salida de Ruth Mateu del Governde. En el Ejecutivo confían en que sea suficiente con esta destitución y que no sean necesarias las dimisiones de Vicenç Vidal (Medio Ambiente y Agricultura) y sobre todo del vicepresidente y cargo más relevante de Més, Biel Barceló, cuyos departamentos fueron, junto con Transparencia, los que dieron los contratos a Garau. Precisamente Vidal ha asumido transitoriamente los asuntos de la conselleria de Transparencia, según publicó ayer el BOIB.

La Comisión Ética del Govern analizará mañana si, aunque sean legales, las contrataciones a Garau se ciñen al Código Ético del Ejecutivo. Según sus conclusiones, habrá más destituciones, aunque desde el Ejecutivo dan por hecho que se trataría de directores generales y que Barceló no se verá al final forzado a dimitir.