La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) del Consell de Mallorca ha ordenado la demolición de 38 obras ilegales desde enero del año pasado, el doble que los derribos ejecutados entre 2009 y 2015.
"Hemos conseguido dar un impulso a la agencia y hemos dado un salto tanto cualitativo como cuantitativo; hacemos cumplir la ley y llevamos a cabo una acción de ejemplaridad", manifestó ayer la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, en la presentación de la memoria 2016 del organismo de disciplina urbanística puesto en marcha en 2009.
"Hacemos cumplir la ley y llevamos adelante una acción de ejemplaridad. La gente en la calle ya ve que las demoliciones sí son posibles", remarcó.
Según indicó el Consell de Mallorca, a las 38 demoliciones impulsadas en los últimos 15 meses habrá que sumar en los próximos otras 35 que se encuentran en ejecución o a la espera de la pertinente licencia.
De las 26 ejecutadas en 2016, 21 se han acogido a las reducciones del 90 o 80 por ciento, porque se llevaron a cabo voluntariamente antes de que se les impusiera la sanción o dentro del plazo que tienen. En total, son 678.922 euros que se han devuelto o supuesto de las sanciones iniciales.
De forma voluntaria
Según remarcaron, las 73 demoliciones se llevan a cabo de forma voluntaria. Los infractores tienen un plazo para iniciar la demolición y si no lo cumplen, deben empezar a abonar las multas coercitivas. Estas multas consisten en pagar mensualmente, hasta un máximo de 12 mensualidades, el 10% del valor de la edificabilidad ilegal. Una vez pasado este año y habiendo pagado un 120%, el ADT ejecuta la demolición y el infractor también la tiene que pagar.
Este sistema, previsto en la Ley del suelo de Balears, promueve las demoliciones voluntarias y, de este modo, el territorio vuelve a su estado inicial con mayor antelación. El 2016 ha sido el primer año que la Agencia ha puesto en marcha las multas coercitivas, ha impuesto 69, y han sumado una cantidad de 300.497 euros.
Además, en 2016 se iniciaron 160 expedientes sancionadores o de demolición. Esta cifra es superior a la suma de los expedientes iniciados entre 2012 y 2015.
En el mismo periodo, se impusieron 56 sanciones, por un total de 1,7 millones de euros. Cabe destacar que la mayoría de los 160 procedimientos iniciados se resolverán este año; por tanto, la previsión es que estas cantidades aumenten considerablemente dentro de este ejercicio.
Paralización
Por un lado, teniendo en cuenta el protocolo de actuación de la ADT, se han registrado 66 órdenes de paralización inmediata de obras ilegales que se estaban construyendo. Un número muy superior a las 8 dictadas durante el 2014 y 2015. En cuanto a las inspecciones, se han llevado a cabo 569, más del doble de las que se hicieron durante el 2015 (265).
Por otra parte, se han reiterado 108 órdenes de demolición, de las 150 que estaban pendientes de ejecutar. Las 42 restantes aún no se han podido reiterar, porque se encuentran pendientes de resolver un recurso de alzada o pendientes de sentencia de recursos contenciosos. Asimismo, administrativamente hay cifras que demuestran que la labor de la Agencia se ha intensificado y que los procesos de han agilizado. Por ejemplo, el registro ha tenido 2.903 salidas de documentos, más del doble que en años anteriores. Además, el personal de la Agencia ha aumentado de 19 a 27 personas.
