El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, ha defendido hoy la legalidad del contrato por parte del Govern a una empresa del jefe de campaña de Més por 55.660 euros, si bien ha admitido que "se podría haber hecho un concurso".

Barceló ha justificado dicha contratación en respuesta a una pregunta del diputado popular Miquel Jerez, que ha calificado la adjudicación a la empresa del responsable de estrategia electoral de Més de "turbia", "a dedo", "arbitraria", "más que dudosa" y "presuntamente fraudulenta".

"No tengo nada que ocultar", ha respondido el vicepresidente y conseller de Innovación, Desarrollo y Turismo, quien ha reprochado a Jerez que haya enmascarado su pregunta en otra sobre los problemas que generan las denuncias fraudulentas de los turistas británicos. "Si quería preguntar lo podía haber hecho, cambiar la pregunta e ir de cara", le ha reprochado Barceló, quien a su vez ha preguntado al diputado popular si él tiene algo que ocultar. "El Govern todo el dinero lo está gastando de manera justificada y en beneficio de los ciudadanos, se lo puedo asegurar y ustedes tienen una sede aquí al lado de la que nunca han dado explicaciones", ha reprochado Barceló.

Sobre la contratación de la empresa de Jaume Garau, Barceló ha asegurado que "nada de a dedo" sino que se ha llevado a cabo "siguiendo un procedimiento legalmente establecido". "Le reconozco una cosa, que en vez de un negociado sin publicidad se podría haber hecho un concurso", ha recalcado Barceló. "Nunca me he escondido, toda la contratación se ha hecho de manera legal y no hay ninguna incompatibilidad legal en ella", ha insistido.

Sobre el problema de las reclamaciones de los turistas británicos, que podrían suponer un fraude que podría llegar a más de 50 millones de euros, Barceló ha defendido que el Govern se ha puesto en contacto con el consulado británico para reclamar un cambio en la normativa de consumo, así como a la patronal de agencias de viajes británicas ABTA.

Ha detallado que el Govern está en contacto con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y ha hecho una petición formal a la Secretaría de Estado de Turismo (junto a Valencia, Canarias y Cataluña) para que negocie con el Gobierno británico la modificación legal que piden.