El Govern combatirá internet con internet. La ofensiva que prepara la conselleria de Turismo contra el alquiler turístico ilegal se adaptará al siglo XXI en pleno verano de 2017, cuando por primera vez la campaña de inspecciones se concentrará en barridos por páginas web de arrendamiento vacacional y redes sociales y de difusión, más que solo en inspecciones presenciales puerta por puerta. Lo confirma el vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), que considera que de este modo ganarán agilidad y multiplicarán de paso su capacidad inspectora.
Que falta les hará, si es que quieren cumplir con sus objetivos: el Govern pretende duplicar el número de inspecciones para intentar controlar la actividad de las 122.902 plazas de alquiler turístico que hay en los más de 20.000 pisos y casas de arrendamiento legal e ilegal de la isla con apenas quince inspectores. Eso supone que cada uno de ellos (que en verano también hacen turnos de vacaciones, como corresponde) cubra la nada desdeñable cantidad de 8.000 camas de arrendamiento ilegal.
Otras tareas
Y todo sin descuidar el resto de su trabajo, que es ingente: los inspectores de Turismo también se encargan de tareas tan diversas como comprobar que los rent a car cumplen la normativa, asegurarse de que los hoteles lo tienen todo en regla y atienden a sus clientes como toca, hacer lo propio con toda la oferta de ocio, restauración, transporte y logística, o velar por los derechos de los 14 millones de turistas y dar seguimiento a sus reclamaciones. Con lo que tienen ante ellos 20.000 viviendas dedicadas en algún momento del año al alquiler turístico ilegal en Mallorca, 122.000 plazas de arrendamiento, otras 400.000 camas hoteleras, más de 50.000 coches de rent a car, 1.005 hoteles baleares (800 en Mallorca), 11.890 restaurantes y empresas de comida, 3.312 negocios de bebidas, 5.715 inmobiliarias con actividad turística y 864 agencias de viajes y oficinas de touroperador.
¿Basta para todo eso con quince inspectores? Pues cuesta creerlo. Y los datos de sanciones del último año no animan tampoco a ello: los quince profesionales sumaron entre todos 148 inspecciones el año pasado, que se saldaron con 106 expedientes sancionadores. Es decir, de los 19.900 inmuebles que se alquilan ilegalmente en Mallorca, según datos del Consell, 19.794 pasaron la temporada sin multa. El 99,4% esquivaron a los quince inspectores. ¿Cambiará algo si el Govern sustituye la visita puerta a puerta por los barridos cibernéticos? Si se atiende a la experiencia ya puesta en práctica por administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, las sanciones se multiplicarán. Y encima serán más gruesas: si el Govern consigue tener vigente este verano la nueva regulación del alquiler turístico, cuya aprobación en Consell de Govern está prevista para abril, las multas por arrendar un inmueble ilegalmente multiplicarán su coste por cinco. Ahora la sanción mínima es de 4.001 euros, pero con la nueva normativa el castigo será como poco de 20.000 euros y puede llegar a los 40.000.
La multa además llegará más rápido. O eso asegura el propio vicepresident Barceló, que recalca que dentro de este refuerzo de la actividad inspectora se incluye la incorporación de nuevos “tramitadores”, que es como se refiere a los profesionales que, sin ser inspectores, se encargan de formalizar y sacar adelante el expediente sancionador. Aunque tampoco esperen gran cosa: van a duplicar la plantilla de tramitadores, cierto, pero es que había un profesional a turno completo y otro a media jornada, con lo que ahora serán treshabía un profesional a turno completo y otro a media jornada, con lo que ahora serán tres. Estarán respaldados además por otros veinte trabajadores de la conselleria y se coordinarán con otros departamentos del Govern, el Consell Insular y la administración estatal. La mejora se completa con una modernización de los procesos y los equipos: los inpectores contarán todos con dispositivos electrónicos que les permitirán hacer todas las gestiones sobre el terreno. La idea, dicen en el Govern, es que pasen de ocupar el 70% de su tiempo en burocracia y papeleo, para emplearlo todo a levantar actas de infracción. El objetivo final es duplicar este año la cifra de inspecciones y, además, lograr que las sanciones que ahora llevan ocho meses de tramitación, notificación y ejecución se impongan en cuestión de semanas.
Doble castigo: también Hacienda
Con lo que multa llegará más rápido, será cinco veces más onerosa y, encima, podría no venir sola: en el Ministerio de Hacienda recalcan que llevan cuatro años mejorando su operativa para perseguir a quienes además de alquilar ilegalmente lo hacen defraudando al fisco y no declarando los ingresos. El resultado es que la Agencia Tributaria mandó en 2016 miles de cartas de aviso en las que advertía a los propietarios de pisos de alquiler de que habían localizado la entrada de rentas de arrendamiento no declaradas. Concretamente, solo en 2016 mandaron 21.500 notificaciones, en las que se aconsejaba a los dueños de los pisos que declarasen voluntariamente esos ingresos. “Los que alquilan su vivienda a través de una de esas webs [en referencia a páginas como AirBNB o Homeaway] y no lo declaran deben saber que estamos al tanto, y que en internet casi siempre quedan huellas”, apuntan en la Agencia Tributaria, que no solo avisa: primero dan la opción de reconocer los ingresos y pagar voluntariamente, pero después empiezan con sus inspecciones.
Y son unas cuantas: el año pasado hicieron 8.150 a alquileres en negro, un 46% de incremento en un año que es en sí un aviso a navegantes. Se encargaba de recalcarlo en la última feria de turismo de Berlín el nuevo ministro del sector, Álvaro Nadal, que enfatizaba que van a intensificar la lucha contra el alquiler ilegal y en negro. “La actividad a través de estas plataformas de alquiler tiene obligaciones tributarias, no pueden seguir siendo un foco de dinero negro”, zanjaba.
Aunque la amenaza sigue pareciendo vaga. Y más en Mallorca, donde el 99,4% de los pisos de alquiler ilegal salvaron la última temporada sin noticias de los quince inspectores del Govern. En el Govern son conscientes de que su estrategia de liberar de burocracia a los inspectores para que dediquen todo su tiempo a buscar infractores, aprovechando para ello internet y la productividad multiplicada que garantiza la informática, mejorará los resultados, pero no permitirá pasar de un 99% de alquiler ilegal sin sanción a la desaparición del negocio irregular de moda.
Disuasión
Para frenarlo confían de hecho más en el valor del ejemplo. O, más bien, en el miedo al ejemplo de las primeras multas de 20.000 euros de este verano, que llegarán por partida doble: con la nueva regulación, tanto el dueño del piso como el comercializador (ya sea AirBNB o la agencia de la esquina) serán objeto de estas multas de hasta 40.000 euros. La ofensiva empezará castigando a “los grandes tenedores”, es decir, quienes explotan decenas de viviendas: tienen el mayor lucro, también recibirán el primer golpe.
