El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó ayer que espera del Govern una "propuesta mejorada" de tarifa plana de 30 euros para los vuelos interislas para poder enviarla a la Comisión Europea y así recabar la opinión de la Dirección General de Competencia. De la Serna se pronunció así en el pleno del Congreso y se remitió a una reunión entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons. La reunión estaba prevista para ayer pero, según fuentes del Govern, se pospuso.

El titular de Fomento respondía a una pregunta del diputado socialista de Balears Pere Joan Pons, que reprochó al Gobierno que vetase una propuesta que llegó con la unanimidad del Parlament para fijar esta tarifa plana. Pons acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber "mentido" en la campaña electoral y de perjudicar la movilidad, la cohesión social y la competitividad de Balears.

De la Serna replicó que el Ejecutivo vetó la iniciativa porque suponía un "importante aumento" de gasto que no está contemplado en los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, según dijo, no puede tramitarse con unos Presupuestos prorrogados.

El Congreso de los Diputados ha comunicado ya de forma oficial al Parlament la "disconformidad" del Gobierno con la propuesta de modificar el REB para aprobar la tarifa plana. En un documento anexo al escrito remitido por el Congreso, el ministerio de Fomento afirma que "las estimaciones sitúan el coste de la implantación de la tarifa única de 30 euros en torno a los 30-40 millones de euros anuales". Añade que las subvenciones por residencia a los vuelos interinsulares de Balears suponen unos 17 millones anuales, por lo que la medida supondría "duplicar el presupuesto necesario para el transporte aéreo" entre las islas.

Ayer todos los grupos del Parlament acordaron firmar un escrito pidiendo una reunión conjunta con De la Serna en defensa de la tarifa plana. Además, prepararán una disposición adicional al REB, para aprobarla en el pleno, que establezca que esta tarifa entrará en vigor cuando se apruebe el próximo Presupuesto del Estado, con el fin de superar el veto a la tramitación en el Congreso por este motivo.