Joan Mut, el que fuera jefe de la Policía Local de Palma, en estos momentos apartado del cuerpo y suspendido de empleo y sueldo, se mostró ayer desafiante ante el juez Penalva, que le implica en la llamada trama policial. A Mut se le investiga por un presunto trato de favor proporcionado al Grupo Cursach, interviniendo para que se anulara una sanci

Mut, defendido por el abogado Jaime Campaner, no quiso contestar ni a las preguntas del fiscal Subirán, ni las del juez Penalva. Sin embargo, no quiso abandonar el despacho del magistrado sin dejar muy claro cuál era su opinión sobre la imputación que pesa sobre él.

El antiguo alto cargo de Cort, en una especie de monólogo, negó que fuera cierto que en algún momento hubiera presionado a un subordinado. Aclaró que la Policía Local es una organización jerarquizada, en la que los subordinados tienen la obligación de cumplir las órdenes que reciben. Por ello, no era necesario presionar a un policía para convencerle de que debía anular una sanción a una discoteca. Le bastaba con ordenárselo. Es decir, los agentes debían cumplir el principio de obediencia debida.

Mut aseguró que los subordinados que han declarado en su contra han mentido y anunció que no había pruebas, ni las habría en un futuro, sobre estas supuestas coacciones a los policías para proteger al Grupo Cursach.

El funcionario ahora expedientado acusó directamente al juez y al fiscal de haberle maltratado y de ser los responsables de que se le haya privado de todos sus derechos y, además, haya perdido el trabajo.

También denunció que se siente injustamente imputado y que ha sufrido un castigo anticipado. Mut también señaló que padece secuelas morales por el impacto mediático que protagoniza por este caso.

Por otra parte, el juez también llamó ayer a declarar a dos de los agentes implicados en la trama corrupta. Uno de ellos es el policía interino que denunció el amaño de las oposiciones, que fue el origen de esta investigación. El otro policía está acusado de controlar a los carteristas. Ambos policías se acogieron a su derecho a no declarar.