El número dos de Cursach, Tolo Sbert, de quien dicen que actuaba como un sheriff, llama a un empresario de la competencia. Prepara la llegada de una popular discoteca a Palma. La mano derecha del magnate le avisa que se está equivocando y le advierte que seguir adelante con sus planes será una batalla contra los elementos. Si hace falta hablará con el alcalde. Es su principal baza: alardea de tener línea directa con los políticos de la isla y, de la mano de la Policía Local, al final siempre acaba haciendo gala de su control.

Ahora, la sombra de Cursach se extiende sobre ellos. Es las sombra de la sospecha. El dedo acusador de testigos que les señalan. Como títeres o protectores. De cuya complicidad presumió disponer el entorno del magnate. Políticos de primera línea en las islas vinculados con el rey de la noche mallorquina. No sólo por el relato del juez, sino por la crónica política y judicial de las dos últimas décadas.

Están los salpicados por el auto con el que el juez Manuel Penalva envía al empresario de la noche a prisión. El político cuyo nombre más se repite, y con diferencia, es Álvaro Gijón. Salvo alcalde, lo ha sido casi todo en el Ayuntamiento de Palma. Casi todo, gracias a José María Rodríguez. El histórico político popular es su gran valedor y su nombre también sale en el auto. El juez describe en su relato que Cursach controlaba a Rodríguez.

El enlace entre Gijón y Cursach no sería Sbert, sino José Manuel Barquero. El antiguo subdirector del grupo empresarial del magnate y luego sucesivo cargo público en el ayuntamiento de la mano del PP, es señalado como nexo. Testigos describen una íntima amistad con Gijón, cuyo principal fruto para el empresario de la noche habría sido la ubicación de las paradas de taxi del Paseo Marítimo justo delante de sus discotecas.

Barquero niega hoy esa estrecha relación con Gijón. Y Gijón no sólo niega el relato del juez Penalva sino que además asegura que ni siquiera conoce a Cursach.

Para Gijón como para Rodríguez su vinculación con el empresario se investiga no sólo por estos testigos. Se les investiga por haber creado una "organización criminal" articulando un cuerpo policial con agentes afines dentro de la Policía Local. Los mismos agentes que miraron a otro lado cuando se trató de Tito's o el Megapark pero que actuaron contra los locales de la competencia hasta su cierre.

El favor de los alcaldes

El entorno de Cursach presumió de tener el favor de los alcaldes de Palma y Calvià. Por las fechas del auto, el alcalde de Palma de quien Cursach presume tener de aliado es Mateu Isern. En Calvià, el nombre que sale en el auto y que se ponen en la boca tanto los socios del magnate como los agentes de Policía es el de Carlos Delgado. En el municipio, concretamente en Magaluf, está uno de los buques insignia del empresario: la discoteca que lleva sus iniciales, BCM, y que podría llegar a cerrarse a raíz de las pesquisas sobre su licencia.

El que fuera también Conseller de Turismo describe lo contrario: relata que Cursach sentía animadversión hacia él, que sus enfrentamientos eran vox populi y que sus decisiones perjudicaron al empresario de la noche.

Sin embargo, desde 1996 a 2016, Cursach sólo pagó al Ayuntamiento de Calviá 10 de las más de 454 sanciones. Ese periodo comprende las alcaldías de la socialista Margarita Nájera, la de Carlos Delgado, la de Manuel Onieva y del actual alcalde Alfonso Rodríguez Badal. Además, la licencia de BCM se concedió en 1989, con el socialista Francisco Obrador.

Nájera también concedió a Cursach el polémico permiso de Western Park que estuvo a punto de llegar a los tribunales. La hermana de la alcaldesa fue la arquitecta del popular parque acuático.

Aunque trata de no exhibirse con nadie, Cursach no le hace ascos a ninguna ideología. De hecho, el auto del juez Penalva relata que Cursach fichó a Sbert como su mano derecha por sus buenas relaciones con políticos de PSOE y Unió Mallorquina. Aunque de los socialistas no se cita ningún nombre se señala a Miquel Nadal, el que fuera delfín de Maria Antònia Munar y que acabó en la cárcel, como el nexo con Sbert.

Cursach llegó a pedir a sus trabajadores que votaran en las elecciones a Unió Mallorquina para mantener sus puestos de trabajo.

Es la madrugada del 28 de mayo de 2007. Noche electoral. UM ha sacado tres diputados que convierte al partido en bisagra y que permitirán a Maria Antònia Munar volver a elegir el color político que gobierne la comunidad. La llamada princesa de Mallorca lo da todo en la pista de Tito's, el palacio del rey de la noche, que ha reservado para la celebración la última planta con barra libre de alcohol. En otro punto del Paseo Marítimo de Palma, es Jaume Matas el que celebra con los suyos haber ganado unas elecciones sin saber que eso no le permitirá volver a gobernar. La fiesta la sufraga quien sino que Cursach. El reservado VIP de la discoteca Abraxas es para el Partido Popular.

Las discotecas e incluso el gimnasio de Cursach, el Megasport, son además escenarios de la secuencia política de una época.

Matas es asiduo a Megasport. Lo cuentan numerosos testigos, que señalan la buena relación del expresidente del Govern con el empresario. Y es ahí donde se fragua el caso de corrupción más comprometido para las arcas públicas: En el gimnasio, el presidente del Govern entrega a su consellera de Salud, Aina Castillo, un sobre con las instrucciones para amañar la adjudicación de la mayor obra pública hecha en el archipiélago, el Hospital de Son Espases.

La implicación de Cursach en este caso no queda en haber servido el escenario. Años antes, en un conocido restaurante cercano al Santiago Bernabeu en Madrid, Matas da el chivatazo a varios empresarios de dónde va a construir el hospital más grande de las islas. Entre los asistentes, Tolo Cursach, quien meses antes de seleccionarse el solar de Son Espases ha adquirido el terreno colindante más grande, Son Cabrer, para proyectar un geriátrico.

Presiones por Son Espases

No se acaba construyendo y según el empresario, en la operación, perdió dinero. El conservador exconcejal de Cort a quien le acabó perdiendo la noche, Javier Rodrigo de Santos, relató haber sufrido presiones para la concesión de la licencia del geriátrico por parte del exlíder del PP y expresidente del Govern, hoy de nuevo en escena,, Gabriel Cañellas.

Condenado por pagar noches en clubes de alterne con la visa del ayuntamiento, la relación de De Santos con Cursach fue del todo tormentosa. Pese a que el exconcejal atribuye su caída en gracia a haber acabado perjudicando al empresario, fue acusado de beneficiar al magnate con la apertura y licencias de su discoteca en la Playa de Palma, Megapark.

El relato de los testigos al señalar a los políticos es impreciso. Tampoco se señala qué motivación tendrían para beneficiar a Cursach. Ni si recibieron algún tipo de contrapartida o prebenda. Sí se ha señalado que así ocurría con el empresario Miquel Pascual, quien supuestamente ofrecía a políticos, policías y funcionarios alcohol y servicios sexuales gratis.

A la investigación le queda camino. Además de los socios del empresario y de los policías locales, la sospecha recae en numerosos políticos. Si no fuera porque fue propietario del Real Mallorca, no habría ni una sola fotografía de Cursach con un político. Sin embargo, cuando llegaba la noche, presumía de controlarles. Ahora están bajo la sombra de Cursach.