Los fiscales anticorrupción, Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán han solicitado el ingreso en prisión sin fianza para el empresario Bartolomé Cursach y su ejecutivo Bartolomé Sbert por la gravedad de los delitos que les imputa. Sobe el tercer detenido, Toni Bergas, han pedido lo fiscales libertad, con la obligación de presentarse todos los lunes en el juzgado y la prohibición de acercarse por las oficinas municipales de Palma.
Los tres detenidos están pendientes de la decisión del juez Penalva. El empresario nocturno y sus dos ejecutivos aguardarán en el calabozo la decisión del juez.
La petición de la fiscalía se produce después de que Tolo Cursach se haya negado a responder a las preguntas que le han formulado el juez y los fiscales anticorrupción por consejo de su abogado. El letrado del empresario considera que su cliente no dee pronunciarse ya que la causa está secreta y no se conoce el contenido de las declaraciones de los testigos, ni las pruebas que ha recogido la Policía. La presencia del empresario en el despacho del juez apenas ha durado unos minutos, dado a que no ha respondido a ninguna respuesta.
Asimismo, los dos ejecutivos del Grupo Cursach, Tolo Sbert y Antoni Bergas, tampoco han querido declarar y han sido trasladados de nuevo a los calabozos, a la espera de que se decida sobre su futuro.
Una quincena de delitos
El arresto de Cursach y sus considerados lugartenientes, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas, se produjo el pasado martes en el marco de la operación Sancus, que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la Policía Local de Palma. Una operación que responde a meses de trabajo y de seguimiento de numerosas pruebas que después se han visto corroboradas por decenas de testimonios, muchos de ellos trabajadores o exempleados de Cursach. Y la conclusión es que el empresario dirigía una organización criminal en Mallorca para controlar el negocio nocturno de la isla.
El delito de organización criminal se suma a otras acusaciones que el magnate del ocio nocturno conocerá hoy durante su comparecencia ante el juez. En concreto, se le imputan hasta quince delitos -narcotráfico y corrupción de menores entre ellos- que llevan aparejadas penas de más de veinte años de prisión.
