Bartomeu Cursach, el gran magnate del negocio nocturno de Mallorca, tiene muchas posibilidades de ingresar durante la jornada de hoy en prisión acusado de graves delitos. El juez Penalva le tomará esta mañana declaración, después de pasar las últimas tres noches arrestado en los calabozos de Jefatura, donde ha permanecido prácticamente aislado a la espera de ser trasladado al juzgado. El Grupo de Blanqueo de la Policía de Palma apuró el periodo máximo de detención, que es de 72 horas, debido a la magnitud del caso y a la necesidad de analizar y cotejar numerosos documentos intervenidos en los últimos días en los negocios del empresario.
Esta operación responde a meses de trabajo y de seguimiento de numerosas pruebas, que después se han visto corroboradas por decenas de testimonios, muchos de ellos trabajados o exempleados de Cursach. Y la conclusión de los investigadores es que el empresario dirigía una organización criminal en Mallorca para controlar el negocio nocturno de la isla, que cada año genera decenas de millones de beneficios. El delito de organización criminal se suma a otras acusaciones que el empresario conocerá hoy en su comparecencia ante el juez Penalva. En concreto, se le imputan hasta quince delitos, si bien las pruebas que han ido recogiendo los investigadores y que justifican estas graves acusaciones, de momento, son secretas. Cursach no quiso anoche declarar ante la Policía. Tampoco lo hicieron sus dos ejecutivos, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas. Debido, precisamente, a que el caso está bajo secreto y no se conoce el contenido del sumario, ayer se apuntaba la posibilidad de que ninguno de los tres iba a contestar a las preguntas que pretenden formular los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, además del propio juez Manuel Penalva. El silencio no evitará, según señalaron fuentes próximas al caso, que la fiscalía vaya a proponer el ingreso en prisión de los tres detenidos, justificando esta decisión en la gravedad de los delitos que se están investigando.
Duras penas
Con las sanciones que contempla el código penal, el magnate del negocio nocturno se enfrenta a penas que suman más de 20 años de prisión. Además de la organización criminal, se le acusa de cohecho, prevaricación, falsedad, tráfico de drogas, corrupción de menores y otros, hasta llegar a los 15 delitos. Los investigadores están convencidos de que Cursach y sus colaboradores organizaron una red de contactos, tanto a nivel político, policial y administrativo, para disfrutar de una posición de poder dentro del negocio de la diversión. Y una parte fundamental de esta estrategia pasaba por terminar con los otros empresarios de la competencia, de los que muchos de ellos han visto cómo han tenido que perder sus negocios al no poder aguantar el acoso al que venían siendo sometidos. El Grupo Cursach, según ha venido señalando el juez en varios de sus resoluciones, disfrutaba de la protección de la Policía Local de Palma, en especial de la Patrulla Verde. Así conseguía, por una parte, evitar inspecciones de sus locales (muchas veces le avisaban con antelación) y, por otra, que sus competidores sufrieran la constante visita de la Policía Local, que se traducía después en sanciones económicas o, incluso, en propuestas de cierre.
Palma y Calvià
Los tentáculos de Cursach no solo se extendían en Palma, sino también en el municipio de Calvià, donde se concentra gran parte del negocio del imperio Cursach. La Policía registró el pasado miércoles durante unas cinco horas la discoteca BCM, donde se concentran gran parte de las sospechas, ya que se ha comprobado que el detenido ha venido disfrutando de unas ventajas, por parte del ayuntamiento, que no han recibido otros empresarios del mismo sector. En esta investigación, en la que también colabora la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en Calvià, se han analizado decenas de expedientes de sanción tramitados por la Policía. Analizando los documentos se ha podido confirmar que los locales de Cursach han sufrido una menor presión policial y, por tanto, menos sanciones que otros negocios. Además, no solo habría disfrutado de un trato de favor de determinados policías, sino que su poder se extendería después en las oficinas municipales donde se tramitaban estas sanciones económicas. Muchas de estas multas se iban perdiendo por el camino, por lo que los ayuntamientos no podían ejecutar las sanciones económicas. Los investigadores no se creen que estas pérdidas fueran casuales, sino que respondían a los contactos al más alto nivel que ha venido disfrutando el Grupo Cursach durante los últimos 30 años. Varios testigos han venido relatando a la Policía que se han visto abocados a la ruina como consecuencia del acoso que venía ejerciendo Cursach a través de la Policía Local.
