La regulación del régimen aplicable a los alquileres de viviendas para alojamientos turísticos ha seguido siendo objeto de quejas durante el año 2016, según se desprende del informe anual de la Defensora del Pueblo, que ha recibido en Balears una queja al respecto de la necesidad de que el propietario esté autorizado por la comunidad de propietarios para ofertar una vivienda en alquiler turístico. La Defensora del Pueblo ha recomendado que en los supuestos en que conviva el uso residencial y el uso turístico, se permita a los particulares ofertar sus viviendas como alquiler turístico, sin más restricciones que las establecidas a las empresas, recomendación que está pendiente.
