Casi 150 ciudadanos de Balears se han beneficiado de indultos totales o parciales (conmutaciones de pena) durante la última década. Entre ellos hay, sobre todo, traficantes de drogas, ladrones (algunos de ellos responsables de robos con intimidación) y estafadores, sin olvidar a condenados por malversación de fondos públicos.
El recurso discrecional a esta medida de gracia por parte del Gobierno de turno -que ha generado en algunos casos una gran alarma social- acaba de ser revisado por el Congreso de los Diputados, que ha aprobado que los condenados por corrupción o por violencia de género no puedan recibir un indulto.
La cifra total de indultados en la Comunidad (144, en concreto) se puede extraer de la información publicada entre 1996 y 2015 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recopilada por la Fundación Ciudadana Civio, que difunde estos datos a nivel estatal a través de la página web El Indultómetro. Si se compara con otras comunidades autónomas, Balears se sitúa en la banda baja en cuanto a indultos otorgados. Madrid -con 2.103 medidas de gracia-, Andalucía (con 1.860), País Vasco (1.314) y Cataluña (1.203) se colocan a la cabeza en este ránking del perdón judicial, lo que se explica también por su poderío demográfico.
Por debajo de Balears, sólo aparecen Cantabria (con 110 indultados entre 1996 y 2015), Navarra (63), La Rioja (63) y Ceuta y Melilla, con cinco y seis indultados, respectivamente. En total, el número de personas que se han beneficiado en España de este tipo de medida de gracia durante el periodo citado asciende a 10.512.
Entre los 144 ciudadanos de la Comunidad a quienes les tocó esta especie de lotería judicial, uno de los nombres que más trascendió en su momento fue el del empresario Fausto Ferrero, del Grupo Fer. En 2012, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón firmó una orden por la cual se rebajó un año de su condena por un delito contra la Hacienda Pública, lo que evitó su ingreso en prisión.
Previamente, la Audiencia había ratificado una sentencia dictada por un juzgado de lo Penal que le condenaba por simular la venta de una finca. La operación, según concluyeron los jueces, le habría permitido regularizar una cantidad millonaria "sin contraprestación tributaria".
Hospital Juan March
Otro caso notorio fue el de Emilio Blanco, quien había sido administrador del hospital Juan March. Condenado a 17 años por un delito de malversación de caudales públicos, en 1996 obtuvo un indulto parcial.
Durante el juicio, que tuvo lugar en 1993, Blanco admitió que había falseado facturas de proveedores, pero lo justificó para obtener fondos con los que solventar las carencias del hospital. Los empresarios que hacían los suministros, declaró, se prestaron a estas irregularidades "no para quedarse con el dinero, sino para, obrando de buena fe, ayudar a los enfermos y beneficiar al hospital", cuya última capa de pintura "se había dado en 1945".
Otro condenado por malversación que recibió el perdón del Ejecutivo central fue un secretario municipal del ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (Eivissa). En 1994, la Audiencia le impuso una pena de seis años e inhabilitación para ejercer cargo público durante una década.
El tribunal consideró que, hasta en cuatro ocasiones, se apropió de dinero destinado a las arcas municipales. Un montante de 826.379 pesetas. En junio de 1998, recibió un indulto.
Buceando en el archivo del BOE se constata que la principal categoría de beneficiados por esta medida de gracia en Balears es la que forman los condenados por delitos contra la salud pública, denominación que engloba sobre todo infracciones relativas a tráfico de drogas. Se trata, en la mayoría de casos, de condenas que no superaban los tres años de prisión.
Con el paso de la década ha variado la tipología del perdón judicial. En un principio -año 1998-, abundaron los casos de insumisos indultados, coincidiendo con los años en que el fin definitivo del servicio militar obligatorio estaba cercano, en tiempos del presidente José María Aznar.
En los últimos diez años han sido indultadas también personas que debían cumplir penas de cárcel por tenencia de armas, por delitos contra la seguridad vial, por estafa o falsedad en documentación oficial. El ejercicio de esta prerrogativa está recogido en la Constitución, a partir de una ley que data de 1870 y que consagra que el Rey puede ejercer "el derecho de gracia con arreglo a la ley".
En la práctica, es el ministerio de Justicia el que propone nombres en base a unas razones de "equidad, utilidad pública o reinserción social".
22 perdonados el año 2000
En base a algunas de estas razones, el Gobierno central perdonó parcial o totalmente a personas que tenían una condena por robo, que constituyen el segundo grupo en importancia de indultados. Sobre algunos de ellos, incluso, pesaban cargos por atracos con violencia e intimidación.
A lo largo de la última década, el año que registró más indultos fue 2000. Coincidiendo con el cambio de milenio, unos 1.300 presos recibieron la medida de gracia en España. En Balears hubo ese año 22 indultados, una cifra que en 2014 y en 2015 se redujo a sólo un perdonado judicial en cada uno de estos años.
