Los fiscales anticorrupción, Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, solicitan penas que suman doce años de cárcel por las amenazas que sufrió El Ico, el hijo de La Paca, para que no desvelara los detalles de la trama policial. Amenazas que se habrían producido mientras el joven estaba ingresado en la cárcel, cumpliendo condena porque no había pagado una

Como consecuencia de este escrito de acusación, el juez Penalva ha dictado un auto por el que abre juicio oral y ordena que dos de los acusados se sienten en el banquillo. En concreto, lleva a juicio al exsindicalista de la Policía Local, Jaime Garau, y al funcionario de instituciones penitenciarias, Pedro José Talavera Fernández. Los dos están suspendidos temporalmente de sus funciones. Ambos se enfrentan a sendas penas de seis años de cárcel. La fiscalía anticorrupción les atribuye un delito de tráfico de drogas y otro de obstrucción a la justicia. Por el primero de ellos se les reclama cuatro años de cárcel a cada uno, más otros dos años por el segundo de los delitos. A los dos acusados se les ha comunicado la decisión del juez, contra la que no se puede recurrir.

Testigo clave

El Ico es uno de los testigos protegidos, que ha facilitado información clave que ha servido para descubrir la trama corrupta que habían organizado determinados policías locales de Palma. El joven de Son Banya acusó a varios agentes de haberle extorsionado, exigiéndoles el pago de dinero, para evitar que se ordenara la clausura del local nocturno que tenía en la calle Joan Miró. Un negocio que finalmente fue cerrado por orden municipal debido, según apuntan los investigadores, a que el local es propiedad de un policía local, que pretendía recuperar la posesión, expulsando a El Ico.

Jaime Garau, el exsindicalista, no participaba en esta trama de extorsión, pero sí se habría dedicado, supuestamente, a amenazar a testigos que habrían declarado ante los investigadores, facilitando datos de los delitos que habrían cometido otros compañeros. El policía local, según se señala el auto judicial, encargó a un funcionario que trabajaba en la cárcel de Palma que amenazara a Tomás Fernández. El hijo de La Paca se encontraba en aquel momento en la prisión. El objetivo de esta amenaza era que firmara una carta, en la que se retractaba de todas las acusaciones.

Según el relato de la acusación, que se basa en la denuncia que hizo El Ico, el funcionario de la cárcel, Pedro José Talavera, que conocía al joven desde hacía más de diez años, cuando todavía era menor de edad, le dijo que "tenía una hija pequeña y le juraba por ella que Jaime Garau no había hecho nada". Esta afirmación se la trasladó cuando el exsindicalista también estaba en la cárcel.

El funcionario de prisiones le entregó a El Ico un sobre, una instancia, una carta y un cigarro. La nota estaba escrita, pero no lo había hecho el joven de Son Banya, entre otras cosas porque es analfabeto y no sabe ni leer, ni escribir. El funcionario le dijo que tenía que firmar la carta, en la que exculpaba a Jaime Garau. Si no lo hacía, "a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle". También le amenazó con "echarle una manta encima y ahorcarle"le amenazó con "echarle una manta encima y ahorcarle". El Ico no sabía en ese momento quién era Garau, pero le dijo al funcionario que si estaba en la cárcel, razones habría para ello. El trabajador de la cárcel le insistió que la carta se debía enviar desde el módulo en el que estaba preso. Le indicó que debía ir dirigida al juez del juzgado de instrucción número 12, que investigaba la trama policial y quien ordenó el ingreso en prisión de Garau.

El hijo de La Paca llegó a firmar la carta, pero se negó a enviarla porque en la cárcel quedaba constancia de quién enviaba estos documentos. El funcionario se negó a enviarla él.

Esta carta, en realidad, nunca llegó al juzgado. Sin embargo, el juez Penalva tuvo conocimiento de esta supuesta extorsión, que después corroboró a través de la declaración del testigo.

Le dieron droga

El Ico puso en conocimiento del director de la cárcel las amenazas que le había dedicado el funcionario. Afirmó que, para compensarle por haber firmado la carta exculpatoria, el trabajador de la cárcel le entregó droga. En concreto, le facilitaron diacepán, trankimazin y unos seis gramos de hachís. El joven de Son Banya es toxicómano.

Este documento, según señalaba el juez en uno de sus autos, fue reconocido por el propio Garau, que pretendía utilizarla para solicitar, a través de su abogado, su puesta en libertad. Los fiscales tienen muy claro que este episodio que sufrió el joven en la cárcel respondía a una maniobra intimidatoria, para que se arrepintiera de todos los hechos que había contado sobre la actuación de los policías locales.

No fue la única amenaza que sufrió El Ico. El joven fue coaccionado por otros agentes que estaban siendo investigados por prácticas corruptas.El hijo de La Paca ha identificado a más de una docena de policías de Palma, a los que acusa de haberle exigido dinero.

Este caso, derivado de la investigación sobre la trama corrupta de la Policía Local, es el primero que llegara a juicio.