Imaginen la escena, que se las trae. Verano. Mallorca. Zona de turismo inglés. Junto a la entrada de un hotel, el comercial de un bufete de abogados británico se aproxima a unos turistas de habla inglesa. Les pregunta cómo están. Qué tal las vacaciones, de dónde sois, cómo va eso. Small talk, que dicen ellos. Tonteo, que se dice por aquí. Luego el comercial desconocido y dicharachero deja caer a los compatriotas viajeros que si se sienten mal o les duele algo las vacaciones les pueden salir gratis. Y si no, también. Basta demandar. No hace falta que paguen nada si no hay indemnización: solo es preciso que se acerquen a la farmacia de la esquina y pidan Amodium, un medicamento que no precisa receta y se usa para tratar dolores intestinales o cuando hay intoxicaciones y digestiones pesadas.

Los turistas se apuntan: vacaciones gratis en Mallorca. Compran el fármaco, y hasta otro rato. Meses después, a veces años, el touroperador que trajo a esos turistas le descuenta al hotel el coste de lo que han reclamado ante la Justicia británica por una falsa intoxicación en Mallorca. El hotelero paga las vacaciones del turista caradura, y por el camino llena los bolsillos de los abogados que asaltan turistas a la puerta del hotel.

Ahora dejen de imaginar la escena: es real. Los hoteleros han llegado a fotografiar furgonetas con el rótulo de estos cazadores de reclamaciones ('claim farmers', en inglés), apostados a la puerta de establecimientos. Hace unos años se daban casos aislados, pero ahora los bufetes de abogados han extendido su estrategia gracias a redes sociales como Facebook y a un engranaje comercial que desplaza a la isla a profesionales británicos en busca de falsos perjudicados por los hoteles de Mallorca. Así que el fraude se repite cada vez más. Y supone millones de euros en pérdidas a los hoteleros de Mallorca, cuya presidenta patronal, Inma Benito, confirma que esta estafa se ha generalizado tanto que se ha convertido en un "problema de Estado" de tal calibre que los hoteleros empiezan a plantearse una opción muy drástica: dejar de vender camas en el mercado británico, el segundo que más clientes aporta a la isla, el primero para el conjunto de Balears y para el turismo español.

Ahora, además, es un quebradero de cabeza y una fuente de pérdidas: "Solo entre enero y septiembre del año pasado llegaron a los hoteles de Mallorca 50 millones de euros en reclamaciones". 50 millones: más de lo que recauda la nueva ecotasa en todo un año.

Indefensión de los hoteleros

De ahí la alarma, relacionada además con un obstáculo legal difícil de sortear. Lo confirman en Turespaña, la empresa que representa los intereses del turismo español en todo el mundo, en la que llevan meses lidiando desde su delegación en Londres con este asunto. El problema de fondo, dicen, es la normativa británica de consumo, muy garantista con el consumidor, al que le basta con reclamar y presentar una receta o una factura de farmacia para que sea el proveedor turístico el que tenga que demostrar que no intoxicó al cliente.

¿Qué ocurre? Pues que, según explican tanto en Turespaña como la propia Inma Benito, los clientes defraudadores presentan su reclamación contra el touroperador británico, que directamente acepta la petición para evitar las altísimas costas procesales de la justicia británica (hasta 50.000 libras llegan a valer estos procesos). Luego ese mismo touroperador le pasa la cuenta al hotelero mallorquín, que ha firmado una cláusula de responsabilidad que los touroperadores imponen por defecto y, en estos casos, sirve para dejar en la absoluta indefensión al dueño del hotel, que ante la falta de salidas razonables empieza a hartarse

"Esto nos puede llevar a cerrar los cupos de camas a ese mercado, porque se está llegando a un nivel de fraude que es insoportable", dice Inma Benito. Y hay razones para pensar que no es un farol: precisamente esa solución, dejar de vender a los ingleses, es la que defiende desde la embajada española en Londres el consejero de Turismo, Enrique Ruiz de Lera, autor del informe Sobre la crisis de las reclamaciones gástricas. En ese texto, elaborado tras una reunión en octubre en la que participaron touroperadores como Thomas Cook, Tui Jet2, Monarch y la patronal de los agentes británicos (ABTA), Ruiz de Lera concluye que el mejor consejo para el sector hotelero español es que "busque alternativas al cliente británico que viene a través de la touroperación".

Que son muchos. Solo el año pasado llegaron a Mallorca 2,33 millones de turistas británicos, que integran un mercado solo superado para la isla en importancia por el alemán (4,16 millones de turistas). Eso sí, no todos esos turistas están en disposición de poner en marcha la estafa: el problema se circunscribe a los hoteles de todo incluido. ¿Por qué? Pues porque en establecimientos en los que algunas comidas del día no están incluidas en el paquete de viaje es más difícil atribuir exclusivamente al hotel una intoxicación alimentaria, ficticia o no.

Aunque en general todas las reclamaciones prosperan, básicamente porque todo está de parte de quien pide la indemnización, que dispone de cinco años para formalizar su demanda. Lo saben bien en las principales zonas de turismo británico como las de Calviá, Calas de Mallorca, Capdepera o Alcúdia, en las que han visto crecer este tipo de reclamaciones un espeluznante 700% en el último año. Lo documentan los touroperadores británicos: uno de ellos certificó a la embajada española que había recibido 10.000 reclamaciones en un solo año, ocho veces más que un año antes. De ahí que en el sector Inma Benito hable de situación de "emergencia". Hay muchos millones de euros en juego.

Despliegue: Furgonetas y ´tiqueteros´ para cazar reclamaciones

Las imágenes capturadas por los hoteleros explican la estrategia de estas redes especializadas en plantear demandas. En la imagen de la izquierda, la comercial de uno de estos bufetes de abogados hace de ´tiquetera´ para explicar a un grupo de turistas británicos cómo pueden conseguir una indemnización. En la imagen de la derecha, tomada en Tenerife, van un poco más allá: los "claim farmers" (cazadores de reclamaciones, en traducción libre) disponen ya de una furgoneta rotulada con información de lo que hacen.