El fiscal anticorrupción Pedro Horrach explicó ayer, en una entrevista a la Cadena Ser, que piensa reclamar al Tribunal Supremo que aumente la condena de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, los dos dueños y responsables del entramado Nóos sentenciados, respectivamente, a 6 años y 3 meses de cárcel y 8 años y 6 meses de privación de libertad.
Horrach confirmó que antes de abandonar el ministerio público para ejercer de abogado particular experto en derecho económico y tributario, redactará el informe técnico sobre el que sus compañeros del Tribunal Supremo basarán su recurso de casación.
Discrepancias
El fiscal señaló cuáles son sus principales discrepancias con el fallo de la sección primera de la Audiencia. La primera de estas diferencias de criterio versa sobre la trama valenciana de Nóos, que ha sido absuelta en su totalidad al estimar el tribunal que las empresas y fundaciones públicas que contrataron a Nóos actuaron como si fueran sociedades mercantiles y por tanto no tenían que cumplir las normas de contratación para el sector público y que los foros organizados por el cuñado del Rey en Valencia tuvieron utilidad pública.
El fiscal mantendrá que Cacsa (la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y que financió, junto a la Fundación Turismo Valencia del Ayuntamiento de esa ciudad, los foros sobre turismo y deporte de Urdangarin) debía haberse sometido a las normas de contratación para el sector público.
Horrach también mantendrá ante el Alto Tribunal que Urdangarin, Torres y el expresident del Govern balear Jaume Matas (sentenciado a 3 años y 8 meses) cometieron más malversaciones con ocasión de los dos foros Illes Balears Forum. Estos eventos se celebraron en Palma en 2005 y 2006 y costaron a las arcas públicas 2,3 millones de euros.
El tribunal mantiene que los seminarios fueron igualmente beneficiosos para la sociedad balear y que su precio estuvo ajustado al mercado.
Horrach rechaza esas tesis y postulará, al igual que hizo en la vista oral, que aquellos seminarios no tenían utilidad para la sociedad y sirvieron únicamente para que el yerno del rey Juan Carlos se lucrara con fondos públicos.
La tercera discrepancia nace de la absolución por las tres magistradas de los delitos de falsedad de documentos públicos y particulares. Según señaló el representante de la fiscalía anticorrupción, la Audiencia entiende que dichos documentos no tienen trascendencia jurídica.
Delitos de falsedad
Por el contrario, la fiscalía defenderá en Madrid que los documentos entraron a formar parte de un proceso administrativo y surtieron su efecto en dichos expedientes, lo que conllevaría los delitos de falsedad.
Horrach añadió que si el Alto Tribunal admite las malversaciones, las condenas podrían subir entre cuatro y ocho años de prisión. Por otro lado, Mario Pascual, defensor de Urdangarin se mostró ayer "entusiasmado" por la decisión de la Audiencia respecto a las medidas cautelares sobre su cliente, un auto que Horrach no recurrirá.
