El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal, que contempla un paquete de medidas en este ámbito con el fin de ir más allá de la actual legislación para la supresión de barreras arquitectónicas. Así, según explicó el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, los nuevos establecimientos y locales de uso público, como por ejemplo un bar, deberán "ser accesibles" para discapacitados. Además, los nuevos edificios de protección oficial, sean de promociones públicas o privadas, que tengan más de 12 viviendas, deberán contar con un 4 por ciento de las mismas no sólo accesibles sino también adaptadas, así como los mismos edificios de protección oficial de más de 300 metros cuadrados. Las nuevas construcciones de edificios públicos deberán ser accesibles y los que realicen una reforma de más del 50 por ciento de su superficie se consideraran nuevos y por lo tanto tendrán que ser accesibles.

El proyecto de Ley, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, además de obligar a eliminar barreras arquitectónicas, regula también la accesibilidad en otros ámbitos en edificios y espacios públicos, servicios, transportes, señalización, productos, información y comunicaciones con el objetivo de garantizar "una verdadera accesibilidad universal". El texto incluye un régimen sancionador, con multas que van desde los 300 euros para las infracciones leves hasta los 300.000 euros para las que sean muy graves.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán incluir las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad universal en los espacios urbanos de uso público. En los espacios naturales se deberán garantizar itinerarios y servicios accesibles. Los ayuntamientos, además, deberán contar con un plan de accesibilidad.

Tanto los medios de transporte como sus instalaciones y espacios comunes, como las estaciones de autobuses y tren, deberán ser accesibles para personas con cualquier discapacidad, sea física, auditiva o visual, así como los sistemas de información y atención al público en el transporte. En este ámbito, el proyecto incide en un aumento del control sobre las tarjetas de estacionamiento para discapacitados, con el fin de garantizar su uso correcto.

Asimismo, incluye medidas que afectan a los productos, de tal modo que aquellos peligrosos, farmacéuticos o alimentarios con fecha de caducidad deberán incorporar un etiquetaje específico para discapacitados visuales. Además, los que presten atención al público en las administraciones deberán estar formados para atender a discapacitados y las administraciones tendrán que disponer de personal intérprete del lenguaje de signos.