24 de febrero de 2017
24.02.2017
Urbanismo

Los nuevos locales de más de 100 metros cuadrados deberán estar adaptados para discapacitados

Aprobado el proyecto de Ley balear de Accesibilidad que afectará a edificios públicos y privados

25.02.2017 | 01:19
Los nuevos edificios de viviendas deberán estar adaptados para discapacitados.

El dato

  • Aprobado el decreto que regula el Consell LGTBI de Balears: El Govern aprobó ayer el decreto que regula el Consell de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Balears, un organismo previsto en la Ley balear para los derechos de este colectivo aprobada en mayo del pasado año. Este Consell LGTBI actuará como órgano consultivo de las administraciones que inciden en este ámbito. Sus funciones serán deliberar sobre propuestas de mejora de la actuación de las administraciones públicas en los sectores de intervención previstos por la Ley balear y elaborar informes en materia LGTBI que le encomiende la Conselleria a la que esté adscrito (en principio, la de Presidencia). Asimismo elaborará, por propia iniciativa, recomendaciones y propuestas sobre la política y las actuaciones a favor de los derechos de las personas LGTBI de las islas y colaborará en la identificación de los indicadores y estándares de atención necesarios en la elaboración del impacto social de la aplicación de la Ley LGTBI de Balears. El Consell LGTBI deberá constituirse en un plazo máximo de seis meses y estará formado por comisiones de trabajo y por el Pleno, compuesto entre otros por la consellera de Presidencia, representantes de asociaciones que defiendan los derechos LGTBI, representantes de administraciones, entidades y agentes sociales y personas y profesionales que destaquen por su labor y experiencia en este ámbito. Por otro lado, el Govern aprobó también ayer, entre otras medidas, el inicio de los trámites para poder concertar operaciones de crédito a corto plazo por un máximo de 450 millones en todo el año, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017.
El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal, que contempla un paquete de medidas en este ámbito con el fin de ir más allá de la actual legislación para la supresión de barreras arquitectónicas. Así, según explicó el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, los nuevos establecimientos y locales de uso público, como por ejemplo un bar, deberán "ser accesibles" para discapacitados. Además, los nuevos edificios de protección oficial, sean de promociones públicas o privadas, que tengan más de 12 viviendas, deberán contar con un 4 por ciento de las mismas no sólo accesibles sino también adaptadas, así como los mismos edificios de protección oficial de más de 300 metros cuadrados. Las nuevas construcciones de edificios públicos deberán ser accesibles y los que realicen una reforma de más del 50 por ciento de su superficie se consideraran nuevos y por lo tanto tendrán que ser accesibles.

El proyecto de Ley, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, además de obligar a eliminar barreras arquitectónicas, regula también la accesibilidad en otros ámbitos en edificios y espacios públicos, servicios, transportes, señalización, productos, información y comunicaciones con el objetivo de garantizar "una verdadera accesibilidad universal". El texto incluye un régimen sancionador, con multas que van desde los 300 euros para las infracciones leves hasta los 300.000 euros para las que sean muy graves.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán incluir las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad universal en los espacios urbanos de uso público. En los espacios naturales se deberán garantizar itinerarios y servicios accesibles. Los ayuntamientos, además, deberán contar con un plan de accesibilidad.

Tanto los medios de transporte como sus instalaciones y espacios comunes, como las estaciones de autobuses y tren, deberán ser accesibles para personas con cualquier discapacidad, sea física, auditiva o visual, así como los sistemas de información y atención al público en el transporte. En este ámbito, el proyecto incide en un aumento del control sobre las tarjetas de estacionamiento para discapacitados, con el fin de garantizar su uso correcto.

Asimismo, incluye medidas que afectan a los productos, de tal modo que aquellos peligrosos, farmacéuticos o alimentarios con fecha de caducidad deberán incorporar un etiquetaje específico para discapacitados visuales. Además, los que presten atención al público en las administraciones deberán estar formados para atender a discapacitados y las administraciones tendrán que disponer de personal intérprete del lenguaje de signos.

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