24 de febrero de 2017
24.02.2017
Turismo

Los hoteleros reprochan que los residentes no paguen una ecotasa por dañar el entorno

La FEHM lleva a la Justicia que el impuesto turístico es "una discriminación encubierta" a los turistas

24.02.2017 | 02:45
La presidenta de la FEHM, Inma de Benito, y el vicepresidente Biel Barceló en Fitur.

Los argumentos

  • Discriminación: es un impuesto que afecta principalmente a turistas. Los hoteleros denuncian que
    sólo el 2% de los que lo pagan son residentes y que, por ello atenta contra la legislación europea.
     
  • Impacto: se identifica el alojamiento como única actividad turística. Critican que sólo se grave el alojamiento y no otras actividades, identificándolo como la única actividad que genera daños medioambientales.
     
  • Doble tributación: el método de pago hace recaer el tributo en los hoteles. Según los hoteleros, el método de estimación objetiva supone que sea un nuevo impuesto para los hoteles.
     
  • Excepciones a la ley: Hay oferta de alojamiento que queda fuera sin tributar. Denuncian que la exclusión de la oferta no comercializada o de más de 2 meses va en contra de la ley.
Los hoteleros cuestionan que los turistas que vienen a Balears tengan que pagar un impuesto por su impacto ambiental pero que no lo tengan que hacer los residentes por vivir en las islas. La Federación Hotelera de Mallorca, en su demanda contra el impuesto turístico del Govern, entiende que el tributo se impone "al visitante que se desplaza a Balears por considerar que da lugar a una serie de actividades perjudiciales para el medio ambiente" cuando, sin embargo, "también los residentes en las islas, con su estancia en dicho territorio, contribuyen a alterar el equilibrio medioambiental" y no se les grava por ello.

Es uno de los argumentos de los hoteleros en su demanda presentada al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el tributo del Govern. Con ello, la Federación Hotelera entiende que el impuesto turístico supone "una discriminación encubierta a los no residentes" que va en contra de la legislación europea.

Pese a que los residentes que se alojan en establecimientos turísticos también tienen que abonar este impuesto, los hoteleros recuerdan que de las 54 millones de pernoctaciones en establecimientos turísticos de las islas en 2015, 50 millones eran de turistas procedentes de países de la UE y que sólo el 1,85% eran residentes en el archipiélago. Por ello, en su demanda señalan que este es un impuesto pensado "principalmente" para este colectivo.

De este modo, los hoteleros contraponen que se grave el impacto ambiental de los no residentes y no el de los residentes que viven todo el año en la isla. Esta "discriminación encubierta", argumenta en su escrito la FEHM, "es motivo suficiente" para que el impuesto turístico del Govern "sea anulado en su totalidad" a tenor de la jurisprudencia europea.

De hecho, los hoteleros solicitan en su demanda que el TSJB plantee esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si va en contra del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), donde se prohíbe cualquier tipo de restricción a la prestación de servicios a ciudadanos europeos en un Estado miembro de la Unión distinto al suyo. No obstante, este no es el único ni el mejor argumento que ofrecen los hoteleros en su demanda.

Doble tributación

La Federación Hotelera critica también que el impuesto turístico solo grave el alojamiento y no otras actividades como la restauración o la oferta complementaria, cuando el objeto a gravar es el impacto ambiental del turismo. "Se identifica la actividad de alojamiento como la única actividad que da lugar a que los visitantes que se desplazan a Balears generen los daños medioambientales que el Impuesto Turístico pretende paliar", reprochan los hoteleros al Ejecutivo autonómico.

La demanda de la Federación Hotelera pone en tela de juicio también el sistema de estimación objetiva mediante el cual los alojamientos turísticos deben abonar el impuesto del Govern. Consideran que, con esta fórmula de pago, el impuesto "no recae en el turista, sino en el alojamiento" suponiendo un nuevo tributo y doble tributación por el mismo concepto para el alojamiento.

Por este aspecto, los hoteleros creen que el impuesto turístico vulnera también la Constitución.

Oferta que queda fuera

Finalmente, el último argumento que se plantea es que se deje fuera de este impuesto parte de la oferta de alojamiento, principalmente de arrendamiento vacacional. En este sentido denuncia que se excluye de pagar el impuesto a todas las estancias en alojamientos que no se ofertan por medio de un canal de comercialización turística y a todos los arrendamientos por plazo superior a dos meses, aunque se comercialicen por medio de uno de estos canales. Según los hoteleros, con esta última excepción se limita "indebidamente, el mandato dado por el legislador balear", según el cual deben quedar gravadas las estancias en todas las viviendas que sean objeto de comercialización turística".

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