La sentencia del caso Nóos no ha sentado nada bien en el seno del Govern del Pacto, especialmente que los condenados solo deban resarcirle con 445.000 euros por los foros turísticos por los que pagó 2,6 millones de euros. El Ejecutivo guarda las formas en público, pero en privado varios de sus altos cargos muestran su indignación al considerar el fallo de la Audiencia lesivo para los intereses generales.
La voluntad política es seguir batallando para recuperar el máximo del dinero que costó a las arcas autonómicas la organización de los fórums contratados con Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Por tal motivo, la Abogacía de la Comunidad trabaja ya en la presentación del recurso de casación ante el Supremo.
Determinadas afirmaciones aparecidas en la sentencia han irritado a destacados consellers, que insisten en que los debates en entredicho fueron un auténtico despilfarro sin ninguna contraprestación para la ciudadanía. Por ejemplo cuando las magistradas sostienen que el precio del segundo foro (en 2006) "dispuso de un presupuesto muy similar, incluso inferior, respecto de la primera cumbre celebrada en el año 2005 -y notablemente menor al de otros patrocinios, como el concernido al equipo ciclista-, por lo tanto, no puede descartarse que fuera ajustado al precio de mercado". Fuentes del Govern recuerdan que la citada esponsorización alcanzó los 18 millones de euros, por lo que discrepan de que las juezas se amparen en dicha comparativa para llegar a su conclusión exculpatoria.
La acusación particular en nombre del Govern reclamará ante el Supremo la condena de Urdangarin, Torres, Jaume Matas y Pepote Ballester a devolver a las arcas públicas más de 2,6 millones de euros del dinero desviado por los contratos del equipo Illes Balears y los dos foros Illes Balears Fórum.
La Audiencia mantiene en su sentencia que los dos foros organizados por el Instituto Nóos en 2005 y 2006 fueron útiles para el bien común porque contribuyeron a la desestacionalización del turismo.
Por el contrario, fiscalía anticorrupción y abogacía del Govern mantendrán ante el Alto Tribunal que estos eventos sobre turismo y deporte fueron humo y que solo sirvieron de excusa para que el yerno del rey Juan Carlos se lucrase con fondos públicos. Según la acusación particular, el entonces duque de Palma se prevalió de su pertenencia a la Familia Real y de su íntima amistad con Pepote Ballester, director general de Deportes, para desviar fondos públicos. La Abogacía pidió al tribunal la declaración de nulidad de todos los contratos y convenios firmados por el entramado Nóos con la Administración Autonómica y la devolución íntegra de todo el dinero público: poco más de 2,6 millones de euros.
Por voluntad de Matas
Según las tesis de la acusación particular "las resoluciones administrativas que revistieron todas las contrataciones con las entidades de Iñaki Urdangarin y Diego Torres fueron producto de la pura y simple voluntad de Jaume Matas y José Luis Ballester y obedecían a la sola finalidad de conceder lo solicitado por Iñaki Urdangarin".
La sentencia ha reconocido que el cuñado del rey Felipe VI se sirvió de su posición en la Familia Real y de su amistad con Ballester para presionar al president del Govern Jaume Matas para que le financiara los eventos sobre turismo y deporte, pero no ha decretado la nulidad de todos los convenios y contratos.
Las magistradas solo han visto malversación en la última factura del segundo foro que abonó el Govern a Nóos y en la llamada Oficina del Proyecto del equipo ciclista Illes Balears. La cantidad que deben devolver los condenados es así de tan solo 620.000 euros frente a los 2,6 que reclama el Govern.
