Balears cuenta con unos 130 estibadores, de los que alrededor de 75 se encuentran en el puerto de Palma y una decena en el de Alcúdia, según los datos facilitados por UGT, y todos ellos observan con notable preocupación las negociaciones que se están desarrollando en Madrid entre sus representantes, la patronal y la mediación fijada por el ministerio de Empleo.
Según reconocen los representantes de este colectivo en las islas, los paros previstos en un primer momento deberían tener una repercusión limitada en Balears, tanto por el hecho de realizarse en días y horas alternas como porque no deben de afectar a los buques que además de carga incluyen pasajeros, que se cifran en un 90% de los que llegan al archipiélago.
Sin embargo, no ocultan el riesgo de que la protesta se radicalice si el Gobierno central no da marcha atrás en su pretensión de liberalizar este sector y sus contrataciones alegando una instrucción de la Unión Europea.
Hay que recordar que actualmente las empresas del sector tienen la obligación de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep), y además tienen que contratar a los estibadores inscritos en ella.
Precarización
La pretensión del ministerio de Fomento, que ha dado pie al conflicto, es liberalizar esta actividad, de forma que ni las empresas estén obligadas a participar en la Sagep ni a contratar a sus estibadores, pudiendo recurrir incluso a las empresas de trabajo temporal (ETT). Según se apunta desde UGT, esto supone una total precarización de este colectivo de trabajadores.
Los representantes de los estibadores isleños subrayan que si las protestas iniciales no consiguen frenar las pretensiones del Gobierno, las movilizaciones pasarán a ser mucho más duras, porque "los trabajadores tienen claro que se trata de un ataque contra ellos, y la entrada de las ETT demuestra que lo que se pretende es precarizar nuestras condiciones laborales". Eso eleva el riesgo de que termine habiendo problemas en la entrada de mercancías en las islas.
Desde este colectivo se considera que el Gobierno español busca llevar a la "máxima expresión" las directrices de la UE a través de un "decreto unilateral", dado que en Bélgica sí se ha aceptado la existencia de un registro de estibadores.
