El pleno del Parlament debatirá hoy la proposición no de ley de Més y Podemos por la que instan al Govern a actuar en el caso de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en Balears con el fin de reclamar las indebidas, una propuesta ante la cual el PSIB ha presentado enmiendas tendentes a reducir el papel del Ejecutivo balear y dejarlo en manos de los consells.

Así, Més y Podemos plantean en su propuesta que el Govern "se persone en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales de Balears", u otros que estén "legitimados" para emprender la vía judicial, cuyo fin sea "la recuperación de los bienes inmuebles inmatriculados" por la Iglesia. Frente a esta contundencia, los socialistas proponen instar al Govern a "colaborar con los consells insulars para prestar a las entidades locales de Balears la información jurídica e histórica relativa al origen y derechos de su patrimonio público", así como a prestarles "apoyo activamente en la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente" por la Iglesia. El argumento de los socialistas para presentar esta enmienda es que las competencias sobre el patrimonio las tienen los consells.

Lo que sí aceptan es que el Govern elabore en seis meses un listado de aquellos bienes que se han inmatriculado en Balears a favor de la Iglesia desde 1978, pero no a que en el mismo plazo realice un estudio interinsular sobre el impacto de estas inmatriculaciones en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en los diferentes Registros Insulares de Bienes de Interés Cultural. El PSIB considera que para iniciar este estudio debería disponerse antes del listado de los bienes inmatriculados y, a partir de ahí, dar un plazo de medio año para elaborarlo.

En todo caso los socialistas están de acuerdo con la necesidad de actuar en este asunto. Así, apoyan que el Govern pida al decanato de los Registradores de la Propiedad Mercantil y Bienes Muebles de Balears todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Balears desde 1946, así como a establecer directrices para "una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes que haya podido inmatricular la Iglesia católica convirtiéndolos en privativos".

Apropiaciones

Margalida Capellà, diputada de Més, resaltó ayer las dificultades para conocer qué bienes de uso público ha incorporado a su patrimonio la Iglesia en las islas ya que, entre otras cuestiones, "ha utilizado hasta cinco nombres distintos para hacerlo", lo que complica el proceso para averiguar cada caso y que los ayuntamientos decidan si deben ir a los juzgados "para recuperar la titularidad pública". Se calcula que el Obispado de Mallorca podría haber llegado a inscribir en el Registro de la Propiedad más de 500 inmuebles, iglesias, ermitas, conventos y santuarios a su nombre, entre ellos el de las murallas y recinto de Sant Salvador, en Artà, que el Ayuntamiento defiende que es de su propiedad.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, afirmó que estas inmatriculaciones de bienes públicos por parte de la Iglesia suponen en la práctica "un robo", ante el cual el Govern debe ayudar a aclarar la situación en cada caso e "informar sobre la magnitud de este expolio".