La sentencia sobre el caso Nóos no podía demorarse más si se aspiraba a contribuir a descongestionar, aunque solo fuera en parte, la acumulación de casos de corrupción que han asolado la vida política en el último decenio. Si los otros casos principales, Gürtel, Púnica, Pujol, Bankia, afectaban a la credibilidad del sistema político, el caso Nóos, por el procesamiento de Cristina de Borbón, era un torpedo a la línea de flotación de la forma de Estado, la monarquía parlamentaria. El tribunal, compuesto por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonora Moyá, ha dictado una sentencia cuya aceptación social vendrá sin duda potenciada por el hecho de que haya sido adoptada por unanimidad. Cuando se han vertido desde todos los ángulos opiniones encontradas sobre la inocencia o la culpabilidad de la infanta Cristina, el hecho de no figurar ningún voto particular ha de contribuir de forma determinante a la sensación de que, con las pruebas aportadas, se ha hecho justicia. Ha sido el mismo tribunal que decidió el encausamiento de la infanta, en contra de los que, amparados por la doctrina Botín, como el fiscal Horrach, pretendían evitarlo, el que la ha absuelto, lo que ha de disipar las dudas sobre la sentencia. Elucubrar es gratis, con lo cual los afectos a la teoría de la conspiración podrán seguir pensando que se dictó el procesamiento para satisfacer la presión de la opinión pública con la idea predeterminada de su absolución en el juicio, salvando a la institución monárquica de un desgaste difícilmente reparable. No es mi caso. Son tres las personas que forman el tribunal y las presumo independientes y competentes, con lo que los apaños se me antojan dificultosísimos.
Otra cosa es dar una respuesta tranquilizadora a la cuestión de si todos somos iguales ante la ley. Porque puede llegarse a la comparecencia ante los jueces de forma distinta en función de quién sea la persona. Y en esta cuestión es donde se pueden suscitar dudas al margen del tribunal. Con ello me refiero a los tejemanejes del gobierno en la Agencia Tributaria después de que unos funcionarios atribuyeran tanto a Urdangarin como a la infanta la comisión de delitos fiscales en relación a unas facturas consideradas falsas y después admitidas por otros funcionaros impuestos por la presión del gobierno. La impresión que tiene mucha gente es que el gobierno de Rajoy no ha sido imparcial, sino beligerante, y con ello, posiblemente, ha condicionado el resultado judicial. No ha acusado a la infanta ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado. La impresión quedó reforzada por la entrevista televisiva a Rajoy en la que aseguró que a la infanta "le iría bien en el juicio".
Uno cree que es difícil pensar que Cristina de Borbón, una mujer con estudios y experiencia profesional en una entidad de crédito, desconociera que los enredos empresariales de su marido, en algunos de los cuales aportaba su firma, eran poco compatibles con las leyes. Y también cuesta creer que pudiera ignorar que la atención que merecía su marido a Gallardón, a Rita Barberá, a Matas, era debido a ella, su esposa. Ahora, si esto fuera cierto, también debería serlo que ella tenía que creer que las leyes eran aplicables al resto de los mortales, no a ella. Porque desde el 23 de febrero de 1981, su padre era intocable; y por ser Familia Real, el resto de sus componentes también eran intocables, una familia que se podía permitir lo que los demás españoles no; cualquiera de sus actuaciones dudosas gozaban de impunidad. Si el ejemplo es la mejor forma de educar, así habían sido educados. El tener a un padre tarambana al que sus calaveradas le salían gratis (de hecho, como hemos sabido más tarde, cuando los chantajes de Bárbara Rey, una señora, por cierto, muy vulgar, los que apoquinamos los 500 millones de pesetas que costaron, los que pagó en una cuenta de Luxemburgo el CNI, fuimos los sufridores contribuyentes) en dinero y en repercusión pública no dejaría de reforzar la situación de impunidad. Es decir han sido pésimamente educados. Y si hablamos de responsabilidades y por qué no, de culpas, habríamos de hablar no solamente de sus padres, rey y reina, sino también de los gobiernos del PSOE y del PP que se allanaron a sus comportamientos y con ello debilitaron la democracia española. Desde el gobierno del PSOE se limitaban a comentar la escasa disposición del monarca para el trabajo. Y siguiendo con el mismo razonamiento, ¿cómo no responsabilizar también de la impunidad con la que se desenvolvía la Familia Real, de sus efectos deletéreos sobre la democracia, a los principales medios de comunicación, sabedores de todo cuanto sucedía y callados como muertos?
De Matas, ¿cómo iba a negarse algo al duque de Palma? Poco puede decirse que no se supiera ya de este infausto personaje. Del resto de encausados, cuya condena estaba anticipada, poca cosa queda por decir, al margen de la desproporción entre la pena solicitada por Horrach para Urdangarin, 19 años y 6 meses y la decidida por el tribunal, 6 años y 3 meses (también para la de Torres), excepto la excepcionalidad (a expensas de la sentencia firme del Tribunal Supremo) de la casi segura entrada del marido de una integrante de la línea de sucesión a la corona española en la cárcel, pues, no nos engañemos, la cuestión crucial, en la que unos se implicaban a favor y otros en contra, era la condena a prisión de la infanta, para cuestionar el statu quo institucional o para mantenerlo. Pero cabe considerar que ambas posiciones gozaban de una similar fragilidad. Son otros factores más densos los que van a inclinar el fiel de la balanza hacia uno u otro lado.
