Durante 2014 los analistas sobre la evolución de la población comenzaron a detectar en Balears, al igual que en el conjunto del país, un apreciable descenso entre los residentes procedentes de otros países de la Unión Europea, que difícilmente se explicaba por el retorno de éstos a sus poblaciones de origen, como sí estaba sucediendo con los llegados desde otras zonas del planeta. El profesor de Geografía Humana de la UIB, Pere Salvà, advirtió entonces que lo que estaba sucediendo es que un endurecimiento de la normativa tributaria española impulsada por Cristóbal Montoro, obligando a los residentes a declarar todos sus bienes fuera de España si superaban un valor de 50.000 euros, estaba haciendo que éstos se dejaran de empadronarse en las islas.
Ahora, un dictamen de la Comisión Europea da un varapalo a la Administración española al considerar que las sanciones que esa normativa contemplaba y que generaron el pánico entre los extranjeros eran abusivas y claramente "desproporcionadas". Este tirón de orejas de Europa a nuestro país se produce precisamente por el recurso interpuesto por un abogado mallorquín, Alejandro del Campo, de DMS Consulting.
Hacía tiempo que este asesor legal, cuya actividad se desarrolla en la isla, venía advirtiendo de las enormes irregularidades que se daban en la citada normativa tributaria y que en su opinión estaban provocando que muchos extranjeros comunitarios dejaran de declararse como residentes en España y, de forma especial por su mayor tasa de población foránea, en Balears.
El dictamen de la UE confirma que las multas que se aplicaban en relación al Modelo 720 (declaración de los bienes en el extranjero) son más altas que las que están en vigor en un contexto estrictamente nacional, lo que vulnera la libertad de movimientos y capitales de rige en la Unión Europea. Eso supone que esas disposiciones son "discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE". Por eso, se exige a España que las cambie, bajo la amenaza de llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Alcance de las multas
¿Esas sanciones son tan altas? Según Alejandro del Campo, promotor del dictamen europeo, se les puede aplicar el adjetivo de "brutales", y no duda en afirmar que su implantación fue una "barbaridad". En su opinión, eso explica que muchos extranjeros quedaran "horrorizados" ante el impacto que podrían tener sobre sus economías y optaran por dejar de empadronarse en Mallorca y en otros puntos de España.
Como se ha indicado, esas nuevas normas del Ministerio de Cristóbal Montoro exigen declarar en España a sus residentes (tanto nacionales como comunitarios) aquellos inmuebles, cuentan bancarias o acciones cuyo valor supere los 50.000 euros. Por el simple hecho de retrasarse a la hora de presentar esa declaración, la multa es de 100 euros por cada dato, con un mínimo de 1.500 euros. Y hay que tener que una simple cuenta corriente supone cinco datos.
Pero si esa declaración no se presenta, o la información es incorrecta, la multa se eleva a 5.000 euros por dato, con un importe mínimo de 10.000 euros. Eso supone que no declarar una cuenta corriente en Alemania, por ejemplo, conlleva una sanción mínima de 25.000 euros.
Pero aún hay más: el valor de esos bienes no declarados se imputa como rendimiento de la Renta y puede conllevar tener que abonar hasta el 50% del mismo si la cantidad es elevada, pero además la penalización puede suponer hasta el 150% de dicho importe. Alejandro del Campo pone un ejemplo para explicar ese baile de cifras: si a un pensionista alemán se le descubren 330.000 euros en su país no declarados en España, se le obligará a tributar ese 50%, es decir, 165.000 euros, pero además puede tener que afrontar la citada multa del 150% de esta cantidad, es decir, 247.500 euros más, hasta sumar un total de 412.500 euros. Una auténtica ruina que explica la estampida de muchos ciudadanos comunitarios a la hora de desempadronarse en España.
Pero eso no es lo único que Del Campo cuestiona: la norma que ahora la CE exige cambiar contempla que esa obligación de declarar bienes no se aplique solo sobre los que tienen un bien valorado en 50.000 euros, sino basta con tener una participación del mismo. Otro ejemplo: si tres hermanos heredan un inmueble por valor de 60.000 euros, con un tercio de la propiedad cada uno, y uno de ellos reside en España, debe de hacer esa declaración aunque la parte que le corresponde tiene un valor de solo 20.000 euros. Para colmo, estas infracciones no prescriben, lo que supone tratar a estos contribuyentes como a terroristas o genocidas, según Del Campo.
Cambio previsible
El abogado mallorquín cree muy poco probable que el Gobierno central se niegue a aplicar los cambios que le exige la CE, por lo que previsiblemente el ministerio de Hacienda reducirá estas sanciones. Hay que tener en cuenta que Europa no cuestiona el tener que declarar los bienes en el extranjero para luchar contra el fraude fiscal, sino solo las multas impuestas.
