Cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos del padrón municipal correspondiente al 1 de enero de 2014, la reducción que aparecía entre los europeos residentes en Balears, especialmente entre los alemanes y británicos, resultaba sorprendente. En doce meses, los germanos habían pasado de 30.049 a 23.666, mientras que los llegados del Reino Unido registraron un recorte de 21.934 a 18.454. De golpe y porrazo, casi 10.000 personas de esas nacionalidades con residencia en el archipiélago parecían haber desaparecido de los padrones municipales, superando con creces la reducciones que comenzaban a registrarse entre los llegados de Latinoamérica.
La explicación de Pere Salvà, catedrático en geografía Humana de la UIB, publicada entonces por Diario de Mallorca, reveló que la política del ministro Cristóbal Montoro estaba detrás de esta evolución. No se trataba de retornos a sus países de origen, sino de esconderse del fisco español.
Esta tesis fue inmediatamente respaldada por los asesores fiscales y, en concreto, por el abogado Alejandro del Campo. No en vano su despacho, DMS Consulting, había presentado en febrero de 2013 una denuncia ante la Comisión Europea contra la obligación de tener que declarar en España todos los bienes en el extranjero y contra las elevadas sanciones contempladas. El argumento esgrimido es que las multas previstas son "devastadoras" e incluso "confiscatorias", lo que supone que pueden acabar con grandes defraudadores, pero también con "modestos ahorradores despistados, y con muchos extranjeros que han fijado aquí su residencia y mantienen benes fuera".
