El cerco se estrecha. Después de desmantelar una red de falsificación de contratos hace diez días y tras repetir golpe esta misma semana con la detención de doce personas acusadas de haber articulado una mafia que explotaba a trabajadores para hacerse con grandes obras de construcción en la isla, tanto la Inspección de Trabajo como la Policía Nacional siguen ya los pasos de organizaciones similares, consideradas "criminales" por los agentes que las investigan.
Según avanzan en fuentes de Trabajo, la lucha contra la explotación empezó ya hace meses, con un plan de inspecciones más intenso y específico para las obras de reforma que proliferan en estos meses de cierre hotelero. Esa campaña está dando sus frutos y sigue generando inspecciones en las que se busca tanto el fraude a la Seguridad Social y el trabajador (con nóminas que no se ajustan a los salarios del convenio balear de la construcción), como casos en los que se incumple la jornada laboral legal. Algo que es habitual, dicen: los tribunales trabajan ahora mismo en casos de obreros sin contrato o con contrato irregular, a los que se les pagaba seis euros la hora por jornadas de 70 horas semanales.
Informes concluyentes
"Hay más investigaciones en marcha", confirman por su parte en fuentes policiales. Desde el Govern balear, que desde su estreno en 2015 ha intensificado la lucha contra el empleo sumergido, detallan a su vez que la colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Policía está dando solidez a los casos. "En los últimos años algunas de estas investigaciones no prosperaron ante el juez, pero operaciones como la de esta semana van acompañados de informes concluyentes", abundan.
Entre las denuncias por explotación laboral que están siendo investigadas destacan algunas de las desveladas por este diario en los últimos meses. Uno de los expedientes que han llegado a los tribunales, sobre el que ya trabaja la policía, implica a un constructor local que aplicaba condiciones draconianas a sus trabajadores, a los que explotaba en jornadas maratonianas, antes de utilizar sus nóminas para lavar dinero. ¿Cómo? El empresario, que logró contratos para algunas de las obras del nuevo centro comercial Fan, pagaba a sus trabajadores el sueldo con un cheque, y una vez que lo cobraban en efectivo, les obligaba a devolverle parte de la nómina, concretamente las aportaciones que la empresa está obligada a hacer a la Seguridad Social. El resultado es que algunos meses a los trabajadores afectados, que han denunciado el caso, les costaba dinero trabajar.
En mayo llegarán a juicio episodios similares, como el protagonizado por un empresario paquistaní, que explotó a 37 trabajadores chinos a los que ofrecía seis euros la hora, con 70 horas semanales y sin días libres, para construir hoteles en Can Pastilla y Santa Ponça. Cuando llegó la hora de pagar las nóminas, se esfumó sin abonar un euro.
El miedo de los explotados
Los sindicatos denuncian que situaciones similares se siguen produciendo, aunque cuesta denunciarlas: muchas veces son los propios trabajadores los que se resisten a que se conozcan las irregularidades, por temor a perder el trabajo o sufrir represalias y no volver a ser contratados. Las reticencias son aún mayores cuando se trata de inmigrantes en situación irregular, como ocurría en los dos casos de explotación laboral destapados por la policía en el último mes. "Muchos de estos trabajadores no conocen sus derechos y se aprovechan de ellos", resume Enric Oltra, abogado laboralista que trabaja en varios casos de explotación laboral.
Lo mismo cuentan en UGT, sindicato desde el que pasaban el domingo la imagen que acompaña estas líneas: en ella, un grupo de trabajadores asiáticos, sin el preceptivo casco ni los equipos de seguridad, trabajan en festivo no laboral y a las 14.40 horas para sacar adelante una obra en Santa Ponça. La temporada turística se acerca, la legalidad se aleja.
