Alrededor de 170 antiguos trabajadores del grupo turístico Orizonia, que se declaró en concurso de acreedores en abril del 2013, piden la condena de 34 años de inhabilitación y el pago de unos 160 millones de euros para los expropietarios y exgestores del desaparecido holding. Ayer el juez de lo mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, suspendió la vista oral para determinar si la quiebra de 11 de las 21 sociedades del grupo fue culpable, como mantienen la administración concursal y la fiscalía, o fortuito, como alegan los expropietarios.

La vista oral tenía que celebrarse a lo largo de siete sesiones, entre esta semana y la siguiente y se suspendió porque algunos importantes testigos no han podido ser citados y el perito de la principal parte demandada, el fondo de inversiones estadounidense Caryle (el accionista mayoritario en la última época de Orizonia) está enfermo y no podía comparecer a explicar su dictamen.

La administración concursal, ejercida por Insolnet S.L.P. y el Banco de Sabadell, pidieron el aplazamiento del juicio, suspensión a la que se sumaron varias partes demandadas, así como Igor Valiente, el abogado del grupo de trabajadores.

La intención del juez Fernández y de todas las partes es señalar el juicio más adelante y de manera que se puedan practicar todas las pruebas propuestas en una sola tanda, sin más aplazamientos.

Orizonia cuando cerró tenía más de cinco mil trabajadores, que solo en un pequeño porcentaje pudieron mantener sus puestos gracias a las compras de parte del holding que hicieron otros grupos como Barceló o Globalia. La deuda del holding se cuantificó en 2.085 millones de euros.

Los personados a través del bufete Valiente quieren que los fondos de inversión que compraron y controlaron la compañía y la sociedad de capital riesgo Vista Capital (controlada por el Banco de Santander y ya desaparecida) en su última etapa respondan por la mala gestión y porque causaron o agravaron la insolvencia.

Los exempleados, que siguen unidos mediante foros en internet, sostienen que Orizonia siempre dio beneficios y que el concurso no obedeció a criterios económicos o de mercado, sino a causas externas y ajenas al día a día de la compañía.

Repartir entre todos

Los trabajadores llevan desde antes del concurso reclamando sus derechos y son conscientes de que el proceso judicial es lento y que durará varios años.

De las 21 compañías concursadas, diez no se están investigando al haberse estimado por la administración concursal que su insolvencia fue fortuita.

El objetivo que tienen los empleados demandantes es que si, finalmente, los antiguos dueños se ven forzados a indemnizar a la masa de acreedores con 160 millones, parte de esa suma vaya destinada a resarcir a toda la plantilla, hubiera pertenecido a empresas de concurso culpable o de concurso fallido.

La fiscalía apoya la calificación de culpable de los 11 concursos, pero ayer no se personó en la vista para suspender el juicio.

Los fiscales no suelen acudir a las vistas de calificación de los concursos por falta de personal para atender los numerosos frentes que tienen abiertos, explicó una fuente jurídica.