La conselleria de Educación se prepara para organizar las primeras oposiciones tras seis años en blanco, en la comunidad con uno de los porcentajes de interinos más altos del país. Desde la dirección general de Personal Docente no se animan a dar una cifra de cuántos aspirantes se presentarán, pero esperan una alta participación.

En un principio, este departamento calcula que para hacer frente a estas oposiciones y evaluar a los profesores que se presenten deberá constituir al menos 60 tribunales, lo que supondrá movilizar a 300 docentes.

Ésa es la previsión para las oposiciones de junio si finalmente la oferta se mantiene en 472 plazas. En 2010 se constituyeron 76 tribunales para 800 plazas. En aquella ocasión se presentaron 3.900 aspirantes a lograr una plaza fija.

Por sorteo

Cada tribunal está formado por cinco profesores. Uno de ellos, el que ejerce de presidente, es elegido por la Conselleria, mientras que el resto son seleccionados por sorteo y se les remunera el trabajo. También se nombran a cinco suplentes.

Si el Gobierno finalmente permite superar la tasa de reposición (medida adoptada por el Gobierno del PP la anterior legislatura que solo permitía cubrir las jubilaciones), como ya ha anunciado a las comunidades autónomas, y si los trámites se realizan y finalizan a tiempo, Educación aspira a poder duplicar la oferta de plazas de las oposiciones del próximo junio, ampliándolas de las 472 previstas inicialmente a 800. En la Conferencia de Presidentes del pasado martes el tema de la tasa de reposición quedó eclipsado por el debate sobre la armonización fiscal y no se anunció ningún compromiso en firme.

La directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, ha confirmado que en caso de que se aumenten las plazas, en junio se ampliarían las de las especialidades ya anunciadas porque si de repente incluyeran en la convocatoria nuevas especialidades estos docentes no tendrían tiempo para prepararse las pruebas.

En caso de que se incrementen los puestos ofertados y se convoquen 800 plazas en junio, se constituirían cien tribunales, lo que implicaría seleccionar a 500 profesores (una tarea que aunque se remunere no todos los docentes quieren hacer).

Las oposiciones se celebrarán en junio, y la normativa determina que la convocatoria debe salir publicada como mínimo tres meses antes, con lo que a finales de febrero Educación debería tenerla ya preparada. Si para entonces no se han cumplido los plazos y no se ha ratificado formalmente la liberación de la tasa de reposición, la Conselleria convocará las 472 plazas previstas inicialmente y organizará una nueva convocatoria de oposiciones en 2018 (además de las que ya se habían anunciado en 2019).

Así, al acabar la legislatura en total se habrán cubierto 2.000 plazas de funcionarios docentes.

Sánchez razonó que lo ideal sería dejar atrás de forma definitiva la norma de la tasa de reposición y que las comunidades autónomas puedan convocar oposiciones según sus necesidades.

La directora general recordó que diferentes sentencias de los últimos años reconocen a los interinos derechos salariales adquiridos, lo que hace tambalear el argumento de que un interino sale más barato que un funcionario.