La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la portavoz popular, Marga Prohens, han protagonizado un agrio debate en el pleno del Parlament a causa de la demanda del Gobierno central contra el Govern, ante la Audiencia Nacional, exigiéndole el pago de 43 millones de sobrecoste de las desaladoras de Eivissa y Ciutadella.
La acusación de Prohens de que la responsabilidad es del conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, por firmar un acuerdo con el Gobierno central que, según ha dicho, implica aceptar el pago de estos fondos ha provocado una dura reacción de Armengol, quien ha acusado al PP de "endeudar" a Balears en beneficio del partido "y de algunos" para ponerse ahora "del lado de Madrid" y en contra de Balears en un conflicto que procede de "la época del innombrable Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente". Prohens ha insistido en que el problema es que el actual Govern "no sabe lo que firma" y el coste para los ciudadanos son el pago de estos 43 millones.
El conflicto se inicio por la construcción de las desaladoras de Santa Eulàlia y Ciutadella adjudicadas a una empresa por el ministerio de Medio Ambiente en 2005 mediante una concesión de explotación. Una vez construidas en 2011, el Govern se negó a recepcionarlas alegando que el Ministerio había incumplido el convenio. Al no estar recepcionadas tampoco fueron conectadas a la red de abastecimiento para que empezaran a funcionar y, ante esta situación, en 2013 las empresas concesionarias obligaron al Ministerio a rescatar la concesión y exigieron que Madrid pagara el sobrecoste de las obras que asciende a 43 millones de euros. Durante la pasada legislatura el conseller Biel Company se negó a recepcionarlas y a asumir este coste. A principios de 2016, el Govern y el Ministerio llegaron a un acuerdo por el que, según el Govern, la conselleria de Medio Ambiente se comprometía a recepcionar las instalaciones y a acometer las conexiones. Pese a ello, el Ministerio sigue reclamando el dinero y ha interpuesto un contencioso ante la Audiencia Nacional.
