La percepción de los baleares sobre el funcionamiento de la justicia sigue siendo negativa. El informe de Quaderns Gadeso del mes de febrero evidencia que un 89 por ciento de los ciudadanos cree que el funcionamiento de la justicia es mejorable y solo un 9 por cien piensa que es correcto.

Entre las conclusiones más destacadas, solo un dos por ciento estima que "la ley y la justicia son iguales para todos". Un 35 por cien da un no rotundo a la pregunta, un 39 por cien, considera que "depende de los casos" y un 13 por ciento no confía en la igualdad ante la ley. De este modo, solo la mitad de los baleares cree que el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley es efectivo.

Esta visión negativa se concreta o pormenoriza en cuestiones como el funcionamiento de la Justicia, al cual se le reclama en primer lugar más jueces (un 69 por cien de la población); más personal auxiliar (49%); más y mejores instalaciones (36%) y mejores medios informáticos (35%). En las últimas semanas ha quedado constancia del caos en los juzgados ante el llamado "apagón informático". Los juzgados están colapsados y a ello hay que sumar recientemente la ineficacia de su sistema informático.

La separación entre la justicia y el poder político no es percibida entre los baleares a excepción de los jueces, a los que puntúan con 5,8 sobre 10. El órgano peor valorado, el que genera más suspicacias en cuanto a su libertad de actuación, es el Consejo General del Poder Judicial, con un 2,5.

Gadeso explica que esta valoración negativa que tienen los ciudadano sobre la justicia y el poder político se deben "a la jerarquización de la fiscalía y, sobre todo, a la actuación del ministerio público en determinados casos". "La nota más baja se la lleva el CGPJ, totalmente politizado y que protagoniza periódicamente un reparto de sillas poco respetuoso con la separación de poderes".

En este orden de cosas, el informe subraya la aplastante mayoría de personas que cree que los aforamientos de los políticos se han de retirar (93 por ciento).

En cuanto a los indultos, la opinión mayoritaria, un 69 por ciento, cree que el Gobierno no debería concederlos en ningún caso.

Por otra parte, los baleares no solo no confían en los jurados populares sino que incluso creen que esta figura judicial debería eliminarse "ya que la justicia solo la tendrían que impartir los profesionales".

Por último, más de la mitad de los baleares opinan que las penas y condenas deben ser más duras en temas graves, frente a un 23 por cien que considera que las establecidas son las adecuadas, y un 16 por cien opta por flexibilizarlas más de cara a facilitar la reinserción social de los condenados.