El juzgado de lo mercantil 1 de Palma ha suspendido las vistas, previstas para la semana que viene y otras fechas, de la calificación como culpable del concurso de acreedores de 11 de las empresas que constituían el desaparecido holding turístico Orizonia. Los administradores concursales reclaman 160 millones de euros a los antiguos propietarios y gestores del grupo, que fue declarado en concurso de acreedores el 4 de abril del 2013.
Los administradores concursales son Insolnet y el Banco de Sabadell y piden al juez Víctor Fernández que declare culpables los concursos de 11 de las 21 sociedades que conformaban el holding.
Las demandas reclaman para los antiguos responsables de la compañía 34 años de inhabilitación para ejercer como empresarios, 160 millones de euros de compensaciones a los acreedores y que se les supriman sus derechos si también se vieron afectados por la insolvencia.
La fiscalía apoya las tesis de los administradores concursales y los demandados se oponen a la calificación de culpables de esos concursos. La insolvencia de las otras 10 empresas del grupo fue calificada de fortuita y no se han iniciado acciones legales contra sus antiguos gestores.
Fondos de inversión
Las demandas responsabilizan a los fondos de inversión propietarios de Orizonia, encabezados por el estadounidense Caryle, de los gravísimos problemas de financiación y de algunas operaciones que llevaron a la quiebra al holding.
Los concursos de las 21 compañías, incluida la matriz, se han tramitado de manera separada pero coordinada.
En marzo de 2013 Iberotravel Vacations Holding S.L., como sociedad dominante del holding, y otras 20 empresas registraron en los juzgados de sa Gerreria de Palma una petición para ser declaradas en concurso de acreedores. El 7 de marzo la empresa presentó ante las autoridades laborales un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 2.329 trabajadores.
Parte del gigante turístico había sido vendida con antelación a los grupos Globalia y Barceló, que se quedaron con agencias de viajes, una compañía aérea portuguesa y una cadena de hoteles en régimen de alquiler.
La administración concursal también ha ejercido acciones contra Barceló, a la que reclamaba 60 millones de euros y Globalia, a la que pide 14 millones. El juez ha desestimado la reclamación contra Barceló y tiene pendiente de pronunciarse respecto a Globalia.
