La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, llamó el pasado lunes al Govern para anunciar que el Ministerio interponía un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. El motivo es un conflicto que hace tiempo que se dirime con las desaladoras de Santa Eulàlia desaladoras de Santa Eulàlia(Eivissa) y de Ciutadella (Menorca) y por el cual el ministerio de Medio Ambiente reclama al Ejecutivo autonómico 43 millones de euros de los sobrecostes. En el Govern ha creado mucho malestar el hecho de que la secretaria de Estado llamara al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, el lunes, justo cuatro días después de haber recibido en su despacho de Madrid al exconseller y aspirante a liderar el PP Biel Company.
El diputado del PP negó cualquier vinculación con el contencioso: "El viaje a Madrid fue privado y aproveché para visitar a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, que la conozco hace tiempo. Hablamos de temas familiares y en ningún momento salieron las desaladoras ni tampoco la Xylella. Solo estuvimos reunidos unos 45 minutos".
Company lamentó que el Govern "quiera culparme a mí de una cosa de la que no tengo nada que ver ni el más mínimo poder para interceder, cuando los verdaderos culpables son ellos al haber aceptado hacerse cargo de los costes firmando un documento ante el Ministerio". El exconseller de Agricultura del Govern del PP recordó que durante su mandato "nos negamos a recepcionar las desaladoras porque no estábamos dispuestos a asumir estos costes, pero el actual Govern lo aceptó por escrito".
No obstante, desde la conselleria de Medio Ambiente y Agricultura que dirige Vicenç Vidal y desde el propio Consolat de Mar ha "extrañado mucho" la "coincidencia" de la visita del diputado del PP y exconseller de Agricultura y el anuncio de la denuncia ante la Audiencia Nacional reclamando 43 millones, tan solo cuatro días después del encuentro en el Ministerio que desveló este periódico. El Govern considera que ellos han cumplido su parte, al comprometerse a realizar las obras de conexión y no entienden qué persigue el Ministerio con este recurso ante la Audiencia Nacional, según explicaron desde el departamento que dirige Vicenç Vidal.
El conseller de Medio Ambiente y Agricultura se quedó helado el lunes por la mañana cuando recibió la llamada de la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García. Y mucho más cuando le anunció el recurso ante la Audiencia Nacional para exigirle 43 millones de euros de los sobrecostes de las desaladoras. Hay que recordar que en la carta que Vicenç Vidal remitió a la ministra Isabel García Tejerina en noviembre, además de querer abordar la problemática de la Xylella fastidiosa, también pedía analizar la situación de estas desaladoras que se empezaron a construir en 2005, en pleno Govern de Jaume Matas. El equipo de Vicenç Vidal no entiende cómo la secretaria de Estado pudo atender el jueves al exconseller del PP y, en cambio, desde noviembre el Ministerio no ha tenido tiempo para citar al Govern para analizar un tema de una cuantía de 43 millones de euros.
La polémica de las desaladoras
El ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2005 la construcción de las desaladoras de Santa Eulàlia y de Ciutadella mediante una concesión de explotación a una empresa. Una vez construidas, en 2011, el Govern se negó a recepcionarlas alegando que el Ministerio había incumplido el convenio. Al no estar recepcionadas tampoco fueron conectadas a la red de abastecimiento para que empezaran a funcionar. Ante esta situación, en 2013 las empresas concesionarias obligaron al Ministerio a rescatar la concesión y exigieron que Madrid pagara el sobrecoste de las obras que asciende a 43 millones de euros.
Durante la pasada legislatura el conseller Company se negó a recepcionarlas y a tener que asumir los astronómicos sobrecostes de 43 millones. A principios de 2016, el Govern y el Ministerio llegaron a un acuerdo por el que, según el Govern, la conselleria de Medio Ambiente se comprometía a recepcionar las instalaciones y a acometer las conexiones. Pese a ello, el Ministerio sigue reclamando el dinero e interpone un contencioso ante la Audiencia Nacional.
