Las vías de abastecimiento a Mallorca estarán atascadas durante la última semana de febrero: una huelga nacional de estibadores se cierne sobre el transporte de mercancías por mar los días 20, 22 y 24. Los paros, liderados por el mayor sindicato de estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, se ratificaron oficialmente ayer y tendrán especial incidencia en la isla, cuyo tráfico de mercancías tan básicas como las que surten a los supermercados o mantienen en funcionamiento las empresas industriales, constructoras y turísticas de la Mallorca pasa en un 99% por los puertos de Palma y Alcúdia.

Confirman la previsión de atasco en las empresas de transporte marítimo, que detallan que durante esos tres días alternos habrá bloqueos intermitentes, con actividad en las horas pares y huelga en las impares. Como consecuencia se producirán demoras en la carga y descarga de los doce grandes barcos de Baleària y Transmediterránea que atracan a diario en Alcúdia y Palma, procedentes de Dénia, Valencia y Barcelona. Lo mismo ocurrirá con la actividad del resto de operadores, como el mallorquín Herederos de Pedro J. Pujol, que igualmente depende de los 73 estibadores de Palma llamados a una huelga a la que también están convocados ocho profesionales de Alcúdia, 22 de Eivissa y 11 de Maó, todos ellos parte de la plantilla de 6.156 trabajadores especializados en carga y descarga que hay en la red portuaria nacional.

Ante la magnitud de la amenaza, que en el sector se da por hecho que conducirá a la huelga, las compañías están trabajando ya para minimizar el impacto en la isla. Aunque será difícil librarse del atasco general, avisan: Baleària, Transmediterránea y compañía creen que los puertos de Mallorca se contagiarán de las movilizaciones mucho más nutridas y contundentes que se esperan en los muelles de Valencia y Barcelona.

¿Peligra pues el abastecimiento de Mallorca? En Baleària explican que habrá problemas, pero no hay razones para la alarma: "El abastecimiento está garantizado, aunque vayamos a sufrir demoras. Quienes dependen del transporte marítimo ya están planificando esos días".

De hecho, según explican en las compañías consignatarias, las empresas de la isla que precisan mercancías no perecederas para mantener su ritmo de trabajo harán acopio de material antes de los días de huelga. Y los negocios que distribuyen productos perecederos, como los alimentos frescos que llegan a diario de la península, han empezado por su parte a programar entregas más abundantes en los días previos a cada paro.

El impacto será así mayor por las movilizaciones en Barcelona y Valencia que por la inactividad de los estibadores que quedan en las isla. Que son pocos. Cada vez menos, de hecho: de más de 200 profesionales se ha pasado a los 73 actuales porque la inmensa mayoría de las entregas se hacen a través de camiones embarcados con su propio chófer, tendencia que poco a poco ha ido arrinconando a los estibadores.

Esa pérdida de protagonismo de la estiba, instigada por las grandes compañías de transporte y por los grupos de gestión portuaria y facilitada por los sucesivos ministros que han pasado por Fomento, desemboca ahora en un conflicto que llevaba años larvándose. Estalló definitivamente hace solo una semana, cuando el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció su intención de acatar una sentencia de diciembre de 2014 con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instaba a España a abrir el mercado de la estiba a otros operadores. Para ello, mañana aprobará un plan que supondrá la desaparición en tres años del modelo actual, que obliga a las consignatarias a contratar a los 6.156 estibadores que hay en España, sin opción de recurrir para la carga y descarga a profesionales ajenos al colectivo, en el que el sueldo medio, según Fomento, es de 63.000 euros brutos al año (justificados en gran medida por la especial penosidad de un trabajo que, además, mantiene a los trabajadores siempre pendientes de la llegada de buques a puerto). En lugar de eso, se introducirá la contratación de cada vez más profesionales externos y contratados temporales, y a partir del tercer año se plantea el despido colectivo de los estibadores que resten.