El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ataca con dureza la estrategia de la defensa de Maria Antònia Munar, al pretender que se repita el juicio del soborno de Can Domenge, por el que la expresidenta de UM fue condenada a tres años de prisión. El fiscal se opone a esta propuesta y defiende el veredicto que alcanzó el jurado popular, que llegó a la conclusión de que la expresidenta del Consell recibió un soborno de más de dos millones de euros a cambio de amañar la venta del solar de Can Domenge.
La defensa de Munar, que solicitará la repetición del juicio ante el TSJB, denuncia que su clienta sufrió un juicio sin todas las garantías legales y que ello justifica que se declare su nulidad. Y acusa al fiscal de actuar con arbitrariedad al no tratar del mismo modo a todos los acusados que fueron juzgados.
El fiscal cuestiona que la defensa no concrete qué tipo de irregularidad cometió durante el juicio y le recuerda que tenía la posibilidad de impugnar el objeto de veredicto que se le entregó al jurado, y no lo hizo. Señala también que el jurado no aceptó ni una sola de las circunstancias atenuantes que proponía el abogado, por lo que considera que debería concretar "en qué radica la indefensión sufrida, qué mecanismo defensivo le fue impedido y qué perjuicio ha sufrido".
No solo no acepta la fiscalía que hubo indefensión, sino que sostiene que tampoco se puede aplicar ni una sola de las argumentaciones que reclama la defensa. Por ejemplo, Carrau cree que no se puede comparar el comportamiento que tuvo Munar en el caso Can Domenge con el de los otros acusados, en especial Nadal y Vicens, porque el propio jurado ya estableció las claras diferencias entre ellos.
Juan Carrau, para desmontar los argumentos de la defensa, recuerda que sí es cierto que Munar pretendía compararse con sus antiguos compañeros de partido podría haber aclarado cuánto dinero recibió, pero que su abogado prefirió que "no se ilustrase al tribunal sobre este extremo".
Por ello, afirma que si hubiera reconocido la verdad, es decir, que cobró 2,6 millones de euros por este soborno, o hubiera explicado cualquier otra versión, el jurado habría podido "decidir qué cantidad se declaraba probado". Y recuerda que esta afirmación se basaba en la declaración de Vicens, que aseguró que le había entregado 2,6 millones a la presidenta del partido.
Tampoco cree la fiscalía que tenga sentido alguno que se pueda reconocer la atenuante de confesión. "Munar no confesó", asegura Carrau, que recuerda que la acusada se limitó a admitir el escrito que presentó su abogado, pero fue "incapaz de relatar ningún delito en el que hubiera participado, ni explicar cómo se había producido". Tampoco está dispuesta a aceptar la fiscalía que se considere como una atenuante de reparación del daño la cantidad de 150.000 euros que Munar entregó antes del juicio. Considera el fiscal que este dinero entregado no representa "una cantidad relevante en comparación con la cantidad recibida" y recuerda que la sentencia razona perfectamente la causa por la que no se apreció esta atenuante.
La juez señaló que "la reparación económica debe ser suficientemente significativa y relevante". En el caso de Munar no lo fue, por cuanto el dinero entregado estaba muy lejos de la cantidad económica que recibió por el amaño del concurso del solar público de Can Domenge.
