Los tribunales decidirán si el rescate del Túnel de Sóller es un negocio para los ciudadanos mallorquines representados por su Consell, o si la empresa se ha visto favorecida por una suculenta liquidación que le libera del oneroso mantenimiento de la concesión. De momento, cada residente paga veinte euros antes de atravesar la vía pública en una sola ocasión.
En la configuración actual, el Consell y el Govern pagan al alimón para liberar una carretera que será mayoritariamente gratuita para los turistas que se dirijan a Sóller, en vehículos de alquiler. Es decir, nos hallamos ante la situación inversa y perversa a la planteada por el alemán que denunció al tren de Sóller por efectuar descuentos a favor de los residentes.
Los visitantes cruzarán el Túnel sin advertir siquiera que un día conllevó el peaje viario más elevado de España, por no hablar del peaje moral pagado por la corrupción que conllevó su gestación. Los residentes preferentemente nativos sufragarán la puesta a punto, después del generoso desembolso inicial. Es innecesario precisar que los mallorquines tan respetuosos de la ruta que no se atreven a recorrerla, abonarán la misma cantidad que los empresarios que adjuntarán la gratuidad del Túnel a su oferta remunerada.
El Govern de Gabriel Cañellas, autor de la concesión del Túnel en 1989, albergaba la maldisimulada intención de utilizarlo como trampolín para un gigantesco puerto deportivo en Sóller, que dejaría pequeño a Puerto Portals. El faraónico proyecto fue arruinado por Sadam Husein al invadir Kuwait. Un milenio más adelante, se democratiza la perforación de la montaña para los turistas. Si el carácter mallorquín incluyera el espíritu reivindicativo, algún conciudadano se dirigiría enfático a Bruselas, en demanda de que la obra pública no suponga un descuento discriminatorio para no residentes.
