El polémico contrato que el Govern Cañellas subscribió con la primera concesionaria del Túnel de Sóller no contemplaba que se realizaran las mejoras necesarias para incrementar la seguridad del paso subterráneo. Durante la pasada legislatura, el Consell presidido por María Salom, obligó a la concesionaria a instalar cámaras de seguridad y realizar algunas mejoras. La concesionaria las realizó, pero automáticamente acudió a los tribunales y le dieron la razón. El conflicto se saldó con una prórroga de la concesión para evitar que el Consell tuviera que pagar las obras de seguridad.
La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, criticó ayer esta prórroga. Recordó que la concesión hubiera terminado en 2016 y el túnel ya hubiera sido público el año pasado. También recriminó que "en 20 años la empresa no ha asumido sufragar ninguna mejora de seguridad".
Garrido explicó que el túnel necesita la instalación urgente de tomas de agua para su utilización en caso de incendio, ya que no existen. También se necesita mejorar el firme. "Según el contrato -precisó la consellera insular-, estas instalaciones las tendría que pagar el Consell o bien volver a prorrogar la concesión un par de años".
Por otra parte, Garrido rechazó cualquier tipo de negociación con la concesionaria sobre el precio fijado por el rescate: "Los informes son lo suficientemente concluyentes y no vamos a abrir una negociación para acudir a los tribunales. Consideramos que lo justo por los cinco años que restan de concesión son los 15,4 millones de euros y únicamente nos platearemos pagar más en caso de que nos lo digan los tribunales de justicia o el Consell Consultiu".
Los máximos responsables del Consell de Mallorca se mostraron firmes con su decisión: "El rescate es inamovible y el 1 de septiembre se abrirá la barrera", aseguraron. Mercedes Garrido añadió que cuentan con los informes jurídicos que les aseguran que un juez no suspenderá el rescate de la concesión: "Si la empresa nos lleva ante los tribunales para reclamar el dinero no se tomarán medidas cautelares, entre otras cosas porque en este caso no existe daño que no se pueda reparar económicamente".
Los informes técnicos
El informe interno que encargó el Consell en primera instancia apuntaba a un coste del rescate entre 20 y 28 millones de euros. Sin embargo, después se encargó otro externo, elaborado por el arquitecto experto en valoraciones y peritajes Alvaro Batle, el cual concluyó que el lucro cesante a percibir por la concesionaria era de 15,4 millones de euros. Ante estas diferencias abismales, la institución insular solicitó un informe económico que dictaminó que el precio final debía ser el del peritaje externo.
A partir de la aprobación del acuerdo por el pleno del Consell, empiezan a contar tres meses que tiene la institución insular para llevar a cabo la tramitación. Durante este tiempo, también se tendrá que aprobar la modificación de crédito del Presupuesto de la corporación para extraer los 15,4 millones de euros necesarios.
El procedimiento administrativo se iniciará cuando el Consell comunique oficialmente a la empresa concesionaria que se abre el proceso y le dé la opción de presentar alegaciones contra el rescate. Todo apunta a que la concesionaria, Globalvía, alegará contra esta decisión. Por ello, el Consell Consultiu tendrá que pronunciarse sobre los argumentos de la empresa. Durante el tiempo en que el Consultiu elabore su informe, se ponen en pausa los tres meses que tiene el Consell para concluir el proceso administrativo.
El PP critica el rescate
"No tiene sentido gastar esta cantidad tan desproporcionada cuando la concesión acaba dentro de cinco años, pero Ensenyat necesita la foto levantando la barrera para justificarse ante sus votantes, y olvida que él es el presidente de todos los mallorquines y debería velar por el bien común". Las palabras son de Mauricio Rovira, portavoz del PP en el Consell.
Los populares también arremetieron contra la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la acusaron de apoyar el rescate para mantener la estabilidad en el Pacto de izquierdas. Según el PP, solo Més llevaba en su programa electoral rescatar el Túnel de Sóller. Rovira aseguró que el precio final serán 20 millones.
