El cerco se estrecha para el alquiler turístico. AirBNB, compañía que ha revolucionado con su plataforma de arrendamiento vacacional el mundo del turismo, ha decidido empezar a plegarse a las exigencias de gobiernos de todo el mundo. Primero negoció las exigencias de más de 200 ciudades de Estados Unidos, entre las que figuraban Nueva York o San Francisco, que instauraron medidas como la prohibición de alquilar por menos de 30 días, o la publicar anuncios de inmuebles que no contasen con autorización de actividad turística. Luego la compañía prometió buscar acuerdos similares con 700 grandes destinos turísticos mundiales. Y ahora esa política comienza a llegar a Europa: ayer AirBNB anunció un paquete de medidas concebidas para restringir el alquiler turístico en Barcelona, que sufre problemas de saturación turística y alza de precios de la vivienda similares a los de Mallorca o Eivissa.

Sistemas de control

De hecho, Barcelona ha aprobado en los últimos meses sistemas de control muy parecidos a los que presentó a finales de 2016 el Govern balear, que con una reforma de la ley pretende por ejemplo que AirBNB y el resto de portales de alquiler turístico anuncien solo pisos que cuenten con una autorización de la Conselleria de Turismo y de cada ayuntamiento.

En esa línea va alguno de los anuncios de ayer de AirBNB, que por ejemplo asegura que permitirá a cada propietario que carezca de licencia turística anunciar solo una vivienda. Las empresas que muestren varios pisos deberán incorporar los datos de la empresa y asumir la responsabilidad en caso de sanción.

El avance, no obstante, es tan tímido, que el gobierno municipal de Ada Colau lo tildó de "tomadura de pelo", toda vez que la compañía no elimina los anuncios ilegales, se limita a reducirlos. El compromiso de AirBNB también está muy lejos de los objetivos de Barcelona y de la mayoría de destinos, que, como los baleares, reclaman desde sus gobiernos un estricto cumplimiento de la legalidad.

Caso balear

En el caso balear, el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), expresó su intención de negociar estas medidas con AirBNB, aunque si la plataforma de alquiler no las acepta se puede encontrar con problemas este mismo verano. Cuando se apruebe la reforma del alquiler turístico, prevista para antes de julio, las multas por comercializar pisos ilegalmente comenzarán a afectar tanto al propietario del inmueble como a quien lo comercialice, en este caso AirBNB. Y la multa no será suave: el nuevo texto legal apunta a sanciones de como mínimo 20.000 euros, aunque podrían llegar a ser de hasta de 40.000 euros.