En el primer año de aplicación del protocolo contra el acoso escolar, los centros educativos han comenzado a utilizarlo de forma mayoritaria: así, el curso pasado los colegios e institutos lo activaron ante 296 posibles casos de acoso escolar.
La mitad de las veces (en 142 casos) se confirmó que se estaba produciendo un acoso entre compañeros mientras que en un tercio de los episodios investigados (89) se concluye que se estaba produciendo ciberbullying.
El resto, 65 episodios, fueron descartados como casos de acoso escolar, que se entiende como un maltrato físico o psicológico intencionado y reiterado en el tiempo. Así, entre ciberbullying y bullying, el curso pasado se registraron 231 situaciones de este tipo, un cifra elevada teniendo en cuenta que en Balears hay 400 centros educativos.
Un protocolo de marzo de 2016
La idea del protocolo, presentado en marzo de 2016, es que los centros educativos y sus plantillas sepan exactamente cómo actuar ante una sospecha de acoso escolar y que puedan reconducir ellos mismos la situación.
Aún así, las peticiones de intervención y ayuda a la conselleria de Educación para arreglar este tipo de situaciones también ha crecido de forma significativa en un curso: las demandas ante el Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (ICEE) se han duplicado entre el periodo 2014-2015 y el siguiente al pasar de 45 solicitudes a 107.
Este instituto, dependiente de la Conselleria y responsable de velar por el ambiente en los centros y por la solución y prevención de conflictos, considera que a partir de este curso el protocolo de acoso escolar estará todavía más implantado y lo conocerá aún más personal docente (de momento ya se han formado más de 300 profesores para conocerlo y saber cómo aplicarlo) y eso hará que disminuyan las demandas de intervención, ya que los propios centros sabrán revertir la situación. Del total de demandas recibidas, la mitad han llegado desde los colegios.
Estas solicitudes de intervención ante posibles casos de bullying representaron la mitad de las intervenciones llevadas a cabo por el ICEE. Un 10% de las demandas (25 casos) fueron motivadas por episodios de violencia en los centros.
¿Quién hace llegar estas denuncias al ICEE? La mitad son avisos del mismo centro o de Inspección educativa y un 34% provienen de las familias. Así figura en la memoria 2015-2016 del Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar que dirige Marta Escoda, un documento remitido al Consell Escolar para su revisión.
No hay perfil de víctima
El informe señala que analizando las víctimas de los casos registrados el pasado curso se puede concluir que "no se da ningún perfil específico". Es decir, que en la mayoría de casos en los que se ha pedido la intervención de la Conselleria (un 69% de las veces) las víctimas no son acosadas por ningún motivo particular. Los responsables de este organismo concluyen por ello que el acoso es "un problema social o grupal" y así debe abordarse.
No obstante, en el 17% de los episodios estudiados, la víctima era un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo o NESE (grupo que engloba desde estudiantes con discapacidad, a niños superdotados, alumnos de fuera que se incorporan tarde al sistema educativo balear...). Tras un 9% de los casos de bullying hay una discriminación por origen cultural y un 5% se debe a motivos de género u orientación sexual.
Expedientes y expulsiones
La memoria del Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar recoge que el curso pasado se tramitaron 395 expedientes a alumnos y los centros gestionaron 3.619 expulsiones de estudiantes (un 10,9% se hizo por el procedimiento disciplinario y algo más de la mitad por conformidad). La proporción mirando el global de centros educativos de las islas es que cada uno abrió 1,2 expedientes. La mayoría de estas acciones se produjeron en los institutos públicos.
Llama la atención que el número de expedientes disciplinarios abiertos ha descendido un 25% respecto al curso 2014-2015 (y un 78% si nos fijamos en los datos del periodo 2012-2013), ya que por otro lado los centros aseguran que las "conductas contrarias a la convivencia" van en lento pero progresivo aumento desde hace cuatro años al crecer de una media de 82 conductas disrruptivas por centro en 2012 a un promedio de 109 en 2016.
El ICEE ha llevado a cabo un importante incremento de la formación, según refleja la memoria. Las acciones formativas se han mutliplicado y los autores del informe destacan las sesiones para aprender a aplicar las prácticas restaurativas. Asimismo, se han retomado los cursos en mediación escolar. El Institut ha cumplido también con su labor asesora, ayudando a los colegios e instiutos a constituir unidades de convivencia y solventando sus dudas en varios aspectos.
