Los funcionarios judiciales de Palma han decidido movilizarse para dar a conocer públicamente las dificultades que deben superar a diario, sobre todo en el juzgado de guardia, como consecuencia del nuevo programa informático que está aplicando el Ministerio de Justicia. Por ello, se ha convocado para el próximo día 16 un acto de protesta, que consistirá en una concentración frente a los edificios judiciales de Palma. La mayoría de jueces, que también sufren las consecuencias negativas de este programa, apoyan esta movilización. El Ministerio de Justicia puso en marcha en todos los juzgados del país un programa para evitar la utilización del papel. El objetivo es que los atestados en papel se sustituyan por archivos informáticos, lo que teóricamente debe agilizar el trabajo administrativo que se genera a diario en los juzgados. Pero la situación real es muy distinta al fin que persigue el Ministerio. No hay día en que el sistema informático, que se controla desde Madrid, no sufra algún tipo de problema. Ayer mismo, por ejemplo, se tuvo que paralizar el sistema, desde las tres a las seis, para reparar unos problemas detectados. Ello impidió que los funcionarios pudieran trabajar con los ordenadores.

Aunque tanto la Policía como la Guardia Civil envían ahora sus atestados en soporte informático, todavía se siguen enviando informes escritos al juzgado. Los funcionarios tienen que escanear estos documentos para convertirlos en archivos informáticos, pero el problema es que la maquinaria es lenta y, por tanto, retrasa la labor de los trabajadores.

Cada mañana en el juzgado de guardia se genera un documento que indica todos los atestados del día. El problema es que el programa no permite determinar ni el delito, ni el nombre del detenido, ni la procedencia del documento. Además, no borra los archivos de los días anteriores. Los funcionarios tienen que ir documento por documentos, guiándose sobre todo por la fecha, hasta localizar el que corresponde al juzgado en el que trabajan. Los trabajadores denuncian que esta labor de búsqueda les genera horas de trabajo extra, que después se repercute en la tramitación de los expedientes. Las quejas son generalizadas y por ello los funcionarios quieren que se conozca públicamente este grave problema.