El conseller de Educación, Martí March, garantizó ayer que en el caso de que un profesor tenga que hacer uso de la fuerza para contener a los alumnos y detener así una pelea o agresión, éste docente "siempre tendrá el apoyo de la Conselleria".
Apeló al "sentido común" del profesorado y a un uso "con un criterio serio" de la contención física ante estos episodios. Descartó elaborar un protocolo sobre cómo actuar ante situaciones de violencia entre alumnos razonando que "en educación no todo se puede protocolizar y es de sentido común que ante una pelea lo primero que hay que hacer es separar".
Dicho esto, March quiso hacer ver que "no se puede decir que los centros educativos de Balears son conflictivos". Concluyó: "No hay que magnificar, esto no es EEUU".
Consideró que en la educación hay "espacios incontrolables" y que ni los profesionales ni los alumnos son "autómatas". Así lo indicó el conseller un día después de que este diario revelara las primeras orientaciones que se han dado a los sindicatos sobre cómo actuar ante situaciones de agresividad en los centros; unas directrices que UOB reclamó con insistencia tras la agresión que sufrió una niña en un colegio de Son Roca a finales del año pasado.
En esas orientaciones, se subraya en primer lugar la importancia de la prevención y el diálogo y se insiste en la necesidad de intervenir ante las peleas y separar a los estudiantes, contemplando la opción de usar la fuerza física para contener a los alumnos si es necesario. En este primer borrador se indica no obstante que en el caso de los alumnos de ESO se desaconseja ya que "pueden ponerse más nerviosos".
Así lo indicó Marta Escoda, directora del Institut per a la Convivència i l?Èxit Escolar (ICEE), que también admitió que con alumnos más mayores puede existir un riesgo físico para el propio profesor, por lo que recomendó que el docente valore bien la situación.
Responsabilidad
Sobre la petición de los sindicatos de tener garantías jurídicas ante este hipotético uso de la fuerza, March insistió en que él las garantiza siempre que se haga con "criterios de proporción y responsabilidad". Escoda añadió que si la contención está justificada por supuesto que se dan las garantías pero que "no se pueden poner por escrito y para todos los casos porque las situaciones son infinitas". Ambos razonaron que el fin último y superior es el bien del menor.
El director general de Innovación y Comunidad Educativa, Jaume Ribas, recordó que lo que sí puede tener consecuencias jurídicas es precisamente lo contrario: "No intervenir". El conseller no descartó del todo la opción de que los centros más conflictivos cuenten con personal de seguridad "en un momento determinado y por una situación coyuntural". Se mostró más partidario de incrementar profesionales "educadores y no vigilantes". Marta Escoda recordó además que los policías tutores pueden ser más adecuados ya que "conocen el centro y al alumnado"
Así se expresaron estos tres responsables de Educación en la presentación de la memoria del ICEE, que pone de manifiesto que las demandas de intervención por casos de acoso escolar se han duplicado de un curso para el otro (de 45 peticiones pasaron a 107 el periodo 2015-2016).
La memoria recoge además que los colegios e institutos activaron el protocolo contra el acoso un total de 196 veces: en 142 casos se confirmó que se estaba produciendo bullying; en 89 se calificó de ciberbullying; mientras que en los 65 casos restantes se detectó un conflicto pero se descartó que se tratara de acoso.
Este aumento de casos detectados de acoso escolar en Balears significa que este problema es ahora "más visible", lo que constituye un primer paso para ir reduciendo estos episodios de maltrato entre iguales, opinó March, que comparó este proceso de visibilización y mayor sensibilización con el que ha experimentado nuestro país los últimos años con la violencia de género.
El acoso sale a luz
La directora del ICEE ahondó que el aumento de demandas de intervención ante posibles episodios de acoso escolar es "satisfactorio" ya que significa que hay interés y preocupación de los centros educativos por sacar a la luz estos casos, tratarlos y reconducir la situación. La experta en convivencia recordó que según las estadísticas en cada colegio o instituto de Balears (hay unos 400) se produce de media al menos un caso de acoso escolar.
Respecto al ciberacoso, Escoda resaltó que aún suponen una proporción reducida de casos y que se puede prevenir y reconducir aplicando el mismo protocolo de acoso escolar, ya que tanto en el hostigamiento virtual como en el directo se repiten las mismas condiciones, como la intención, la reiteración y una serie de conductas determinadas de maltrato físico o psicológico.
Recursos ante el ?ciberbullying?
La directora del ICEE indicó que el protocolo se refiere al ciberacoso de forma más genérica ya que los posibles escenarios cambian muy rápido. Añadió además que en este caso puede estar produciéndose un delito y resaltó por ello la importancia del papel del policía tutor. Escoda incidió en la importancia de formar a los jóvenes para que conozcan los riesgos de internet y el conseller recordó que en este tema las familias "también tienen su responsabilidad".
La Conselleria asegura que en todos los centros educativos de las islas hay interés en mantener un buen ambiente y evitar los conflictos de convivencia, como demuestra el hecho de que el 97% de los colegios e institutos tienen un plan específico para ello. El buen clima, indicó March, es otra de las condiciones "imprescindibles" para mejorar los resultados y reducir el fracaso escolar.
