El Institut Mallorquí de Afers Socials (IMAS), el departamento de Territorio e Infraestructuras y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca (ADU) han firmado un protocolo de actuación para evitar los desalojos cuando afecten a personas en riesgo de exclusión que no tengan alternativas de vivienda.

Con la firma de este convenio, los tres organismos dependientes del Consell de Mallorca se comprometen a seguir una serie de pasos ante la posibilidad de tener que desalojar la residencia habitual de personas que estén en situación de riesgo, informó la institución insular. Dichos organismos llevan a cabo desalojos en casos como expropiaciones por obras viarias o demolición de construcciones ilegales.

El protocolo acordado por los tres departamentos define los pasos que deben llevar a cabo en caso de que el Servicio de Expropiaciones del Consell tenga que desalojar edificaciones que constituyan la residencia habitual personas en riesgo residencial.

El acuerdo establece que se podrán acoger a este protocolo, al ser consideradas en situación de riesgo de exclusión residencial, aquellas familias en las que convivan diferentes generaciones y cuyos ingresos provengan únicamente de las personas más mayores. También se pueden beneficiar las familias con todos sus miembros en edad laboral en paro y que hayan agotado las presentaciones correspondientes; así como las unidades familiares monoparentales con menores a su cargo y aquellas familias con alguno de sus miembros con una discapacidad igual o superior al 33%.