Las constructoras de las autovías de Eivissa financiaron diversos proyectos y encargos de los ingenieros que redactaron un informe clave a la hora de determinar los sobrecostes de la obra. El documento en cuestión, solicitado conjuntamente por el Govern de Jaume Matas y por la Unión Temporal de Empresas (UTE) de las autopistas pitiüsas, acabó sirviendo para condenar a Balears a abonar 30 millones de euros más a estas empresas concesionarias.
La relación entre el grupo de ingenieros que elaboró el informe y las empresas constructoras fue destapada ayer en el seno de la comisión de investigación de las autovías por el diputado y portavoz de Més, David Abril, durante la comparecencia de Antonio Sánchez Soliño, uno de los técnicos que redactó el documento. El partido econacionalista certificó ante notario y mediante el currículum de los autores, que éstos fueron beneficiados posteriormente a la redacción del informe con diferentes encargos de las concesionarias.
Este informe, encargado justo antes de las elecciones de 2007 por la entonces consellera de Obras Públicas Mabel Cabrer a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sobre las consecuencias de las manifestaciones y protestas que retrasaron el inicio de las autovías proyectadas por Matas, sirvió para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) acabara condenando al Govern a pagar 30 millones más a las empresas concesionarias como sobrecostes.
Durante la comparecencia de Sánchez Soliño en el Parlament, Més denunció que tanto él, como Antonio López Corral, el otro autor del informe, trabajaron para empresas accionistas de la UTE. El ingeniero lo confirmó en el caso de su compañero pero negó las acusaciones de Més hacia él. Sin embargo, un documento de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) confirma la financiación en 2009 de Accesos de Ibiza S.A. para un proyecto en el que participaron además de los citados López Corral y Sánchez Soliño, el ingeniero Samuel Carpintero.Relación familiar
Precisamente, Samuel Carpintero López, es participante en todos los proyectos firmados por López Corral y Sánchez Soliño a excepción del informe encargado por el Govern y las concesionarias para valorar los sobrecostes a raíz de las protestas y manifestaciones.
Més expresó sus sospechas de que el informe original también fuera firmado originalmente por Samuel Carpintero y que, sin embargo, se eliminara su rúbrica al entregarlo al Ejecutivo autonómico para ocultar su participación. Samuel Carpintero es hermano de Antonio Carpintero, miembro del consejo de administración del Grupo Ortiz, empresa accionista de la UTE concesionaria de las autovías ibicencas y vinculada a la financiación ilegal del PP. Abril señaló que, de confirmarse, se trataría de un acto delictivo.
Sánchez Soliño confesó conocer la relación familiar de Carpintero pero negó la participación de su compañero en el citado informe que acabó beneficiando a las concesionaria. "Sabía que había relación familiar, pero no me consta que participara en este informe. No he trabajado con el señor Carpintero en ningún informe relacionado con Eivissa", aseguró el ingeniero.
El técnico explicó que el informe fue "beneficioso para las dos partes" -Govern y concesionarias- y detalló que "fue la propia comunidad autónoma quien reconoció que la concesionaria sufrió sobrecostes por elementos ajenos a su gestión y que tenía derecho a que se le compensara".
